El escándalo mediático originado después de que Bildu haya recordado que los anteriores responsables municipales de Lemoa, del PNV, gastaron en cuatro años 16.000 euros en puros y 48.000 en comidas en restaurantes no es sino la muestra del estilo de gestión de los jeltzales, según indicó ayer la alcaldesa, Saioa Elejabarrieta. «Hablamos de la sensación de absoluta impunidad, de la falta de transparencia y, por supuesto, del modo de gobernar sin ningún tipo de participación ciudadana», puntualizó.

Insistió en que hay más irregularidades, que irán haciendo públicas en próximas fechas, al tiempo que aguardan el resultado de un estudio económico sobre los últimos seis años en el Consistorio. «No es creíble que el PNV alegue desconocimiento respecto a estos excesos», apuntó Elejabarrieta. La primer edil advirtió de que la respuesta de la dirección jelkide es adjudicar la responsabilidad de lo sucedido en Lemoa a determinadas personas, ante lo que comentó «que el verdadero problema es el modelo de gestión que va en contra de los intereses de los vecinos».

En esa dinámica, el PNV ha llegado a pedir las facturas y personalizado en el anterior alcalde, Javier Beobide, esa responsabilidad. Elejabarrieta, que compareció junto al concejal Aitor Erauzkin, les recordó que los datos se conocen desde otoño de 2011, cuando descubrieron la existencia de un txoko en instalaciones municipales.

Para tratar de contrarrestar el daño que está sufriendo la imagen del partido, el Bizkai Buru Batzar anunció ayer que Beobide entregó «voluntariamente» el martes el carnet del PNV a la Junta Municipal de Lemoa. Además, reiteró sus disculpas «altas y claras» a los vecinos «que se hayan podido sentir agraviados por este tema».

Los jelkides tratan de establecer un «cortafuegos» en torno a quien fue alcalde durante ocho años y cuya figura estaba ya cuestionada en el seno del partido. Javier Beobide se enfrenta a una petición fiscal de inhabilitación de ocho años, diez de la acusación particular y 60.000 euros de indemnización, por un delito de prevaricación por no publicitar una bolsa de trabajo.

Pero las irregularidades no se limitan al terreno de las contrataciones. Bildu avanzó que han detectado «anomalías» en expedientes urbanísticos «y otros asuntos que iremos aclarando».