Santiago Cervera estaba seguro de que le perseguían en Madrid, de que tenía tras él a un grupo organizado de personas antes de su detención. Según ha expuesto su defensa, el entonces diputado del PP acudió en varias ocasiones al servicio de seguridad del Congreso para que le ayudaran a identificar a esos supuestos espías. Después de dimitir, denunció nuevamente que le seguían y esta vez lo hizo ante la Guardia Civil. Ahora, el juez Fermín Otamendi -que investiga el presunto chantaje al expresidente de la CAN, José Antonio Asiáin- ha ordenado que se le entregue toda la información que se posea sobre estas denuncias para ver si se realizó alguna investigación.

La versión de Cervera es que los servicios de seguridad del Congreso sí indagaron sus denuncias y realizaron varias acciones de contravigilancia. Estos servicios elaboraron un «informe auditoría de seguridad» que incluyó barridos microfónicos en su domicilio y en vehículos. Al parecer, al frente de este operativo de contravigilancia estaba un alto mando de la Policía española, adscrito a la comisaría del Congreso. Cervera habló personalmente con este mando para explicarle los motivos de sus sospechas.

Tras denunciar estos seguimientos, el mando policial entregó a Cervera un número de teléfono especial, con el que dar la alerta si volvía a sentir que le vigilaban. El diputado del PP llamó a ese número en varias ocasiones, según se desprende de la documentación que obra ahora en los tribunales de Iruñea.

Las conclusiones de este servicio de contravigilancia del Congreso han despertado el interés del juez que investiga el caso, que quiere despejar las dudas sobre si existe un nexo de unión entre estas personas que supuestamente vigilaban a Cervera y el rocambolesco intento de chantaje a Asiáin.

En diciembre pasado, el diputado recibió un email en el que se le prometía información comprometedora sobre Caja Navarra y, el día 9 de ese mes, acudió al lugar que le indicaba un anónimo a recoger esa información de un paquete envuelto en un plástico oscuro. Pero, en lugar de la información que esperaba, Cervera recogió el señuelo de un chantaje y fue detenido de inmediato.

La defensa sostiene que todo fue una trampa y afirma también que la persona que tendió la emboscada debía de conocer muy bien los hábitos de vida de Cervera. Aunque el se aloja en la zona donde se dejó el paquete, son muy pocas las personas que conocen que utiliza en sus visitas a Iruñea el piso de un conocido. Por ello, sostienen que debe investigarse si existe una relación entre quien diseñó la trampa y los presuntos espías de Cervera.

Un Volvo con dos antenas

Tres días después de ser detenido, cuando Cervera ya había dimitido de su cargo en el Congreso, el exdiputado volvió a sospechar que un grupo de personas le seguía. Como ya no podía acudir al servicio de protección del Congreso, lo denunció al día siguiente ante la comisaría de la Guardia Civil de Moncloa Aravaca a las 14.45. Los agentes recogen el siguiente testimonio: «Desde ayer, el dicente viene sufriendo vigilancia de varias personas, siendo el primero de ellos ayer a las 11.01 horas en la Plaza de Colón, concretamente junto a la avenida en dirección en la calle Génova». El político navarro describe a un primer espía como un varón de unos 40 años, con gafas de sol y barba de varios días.

Según la denuncia, a las 15.30 retomó el seguimiento una segunda persona en torno al centro comercial Zielo. El segundo perseguidor -que vestía traje y corbata y medía en torno a 1,80 centímetros- se dio cuenta de que Cervera le había detectado y salió del centro para ser recogido por una tercera persona en un Volvo con dos antenas, que Cervera fotografió con su móvil.

Al día siguiente por la mañana, el exdiputado observó a otras dos personas que le vigilaban (un hombre y una mujer) desde un BMW. Cervera aseguró a la Guardia Civil que conoce bien ese coche, que acostumbra a verlo merodeando por su vivienda y siempre con la misteriosa pareja que le observa a bordo.

El exdiputado, además de fotografiar los vehículos, tomó nota de las matrículas de los mismos. El juez ha solicitado la documentación a la Guardia Civil para saber si logró averiguar algo sobre estas personas.