Las Juntas Generales de Gipuzkoa, con los votos favorables de Bildu, PSE y Aralar, aprobaron ayer una declaración en la que instan a la patronal Adegi a retirar la demanda interpuesta contra la Diputación por una supuesta «injerencia en la negociación colectiva» del convenio de residencias y centros de día del herrialde.

En concreto, la Cámara reclamó el mantenimiento de las condiciones laborales del sector, demandó la mediación del departamento de Política Social e instó a Adegi a retirar la demanda, en la que exige a la Diputación una indemnización de 187.515 euros

El PP votó en contra, al igual que el PNV, grupo que presentó un texto alternativo.

Desde Aralar, la juntera Maite Sarasua señaló que la Diputación tiene legitimidad para intervenir y desbloquear conflictos de este tipo. «Puede que no jurídica, pero sí política, porque a fin de cuentas estamos hablando de un servicio público».

Aplauso de la institución

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa se felicitó por la resolución de las Juntas Generales. En este sentido, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, valoró como muy positiva la resolución ya que «pide a la Diputación que continúe con la labor de mediación que está realizando, trabajando intensamente para garantizar la prestación de un buen servicio público y para defender los derechos laborales de las trabajadoras».

El diputado mostró también su satisfacción por el rechazo de las Juntas al texto alternativo presentado por el PNV, del que dijo que no buscaba sino «seguir defendiendo los intereses de unas pocas empresas frente a los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y a las trabajadoras». Rodríguez añadió que «es obsceno que representantes de la ciudadanía intenten perjudicar de esa manera los intereses públicos en  beneficio de entidades privadas».