El Gobierno español no ve con buenos ojos el proceso judicial que se sigue en Argentina contra los responsables de la represión franquista. Ayer lo demostró nuevamente cuando las presiones del Ministerio de Exteriores lograron aplazar la declaración de tres víctimas de la dictadura. En principio, se trataba de la primera ocasión en la que afectados directos iban a prestar testimonio ante la jueza María Servini, que instruye la causa. Pablo Mayoral, procesado por un tribunal militar en 1975 (dentro de la misma causa en la que fue fusilado José Humberto Baena), Marçona Puig Antich (hermana de Salvador, ejecutado por garrote vil en 1974) y Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue muerto al inicio de la guerra civil española, eran los primeros de una lista de doce. No llegaron a prestar declaración. «Esto demuestra que la causa les preocupa», afirmó Carlos Slepoy, uno de los abogados de los querellantes. Tanto las víctimas como los letrados, en una declaración de urgencia, responsabilizaron al ministerio que dirige Jorge García-Margallo y a Carlos Bettini, jefe de la delegación diplomática argentina.

La declaración estaba prevista para las 14.30 horas (8.30 horas en Argentina). Una hora antes, los tres declarantes, junto con sus letrados y otras víctimas del franquismo comparecían frente al consulado. Todos ellos mostraban su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, además de ser escuchados iban a poder ejercer como acusación. Sin embargo, a la hora prevista comenzaron las excusas. En un primer momento, los responsables del consulado argumentaron «problemas técnicos» para retrasar la comparecencia, según relató posteriormente Slepoy. Una hora después llegó la notificación oficial de lo que ya sabían por medios argentinos: que el Gobierno español había presionado a la embajada argentina para evitar la declaración. Lo hizo a través de una nota verbal remitida a primera hora de la mañana. Paradójicamente, y pese a que esta toma de testimonios era públicamente conocida, Madrid alegaba haberse enterado por la prensa ese mismo día. En el escrito, la dirección general de Exteriores apela al Tratado bilateral de extradición y asistencia judicial firmado por ambos ejecutivos el 3 de marzo de 1987 para instar a la jueza a cursar una comisión rogatoria.

Fuentes diplomáticas consultadas por GARA se remitieron también a este escrito y eludieron realizar valoraciones políticas. Un texto que pareció suficiente al embajador argentino en el Estado español, Carlos Bettini, para telefonear a la juez Servini e instarle a poner fin a las declaraciones. Según un escrito remitido por la magistrada, el jefe de la legación le informó de que había mantenido una comunicación con el director de Asuntos Consulares del Estado español en la que este manifestó su «descontento y malestar por el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los testimonios».

Tal y como recoge este documento, el diplomático español habría manifestado que de realizarse la toma testimonial, esta «podría resultar nula y afectar a los derechos de los ciudadanos españoles», advirtiendo de su disposición a presentar una queja formal ante la embajada. La amenaza de que las relaciones bilaterales entre ambos estados pudieran verse deterioradas obligó a la jueza a suspender «de momento» tanto las tres declaraciones que estaban previstas para ayer (de hecho, todo el dispositivo técnico ya estaba listo) como las posteriores, que iban a desarrollarse entre esta semana y la próxima.

«Argumento pueril»

«Se trata de un argumento pueril», rebatió el letrado durante una rueda de prensa de urgencia celebrada por la tarde. Junto a Slepoy comparecieron Ana Messuti, también letrada, así como Pablo Mayoral y Pedro Fausto Canales, dos de las víctimas que iban a tomar declaración ayer mismo y Sabino Cuadra, diputado de Amaiur.

Según explicó el abogado, «este convenio está diseñado para aquellos casos que requieran de ayuda» entre ambos estados, por lo que la comisión rogatoria no sería aplicable en este caso, ya que «se trata de un proceso argentino» que se estaba desarrollando en una sede diplomática argentina.

Un trámite que sí debería de llevarse a cabo en el momento en que se dicte una orden contra de detención, si es el caso, contra los imputados, para que estos sean arrestados y extraditados a Argentina. «No nos lo esperábamos», lamentó, para después señalar que existen «responsables».

En primer lugar, el abogado señaló al Ministerio de Exteriores español, al que acusó de poner trabas a la declaración de unas víctimas que, precisamente, han visto agotadas todas las vías judiciales en su propio Estado. En segundo lugar cuestionó la actitud del embajador argentino. «Esto demuestra que la causa les preocupa, por lo que seguirá avanzando», afirmó.

Por el momento, las declaraciones están paralizadas. Pero eso no implica que el procedimiento no siga adelante. Según indicó Slepoy, que denunció los intentos de Madrid de retrasar los trámites, está previsto que varios de los afectados viajen a finales de este mismo mes a Argentina.

Además, está la cuestión de las imputaciones. Entre los acusados se encuentran Rodolfo Martín Villa, a quien se responsabiliza de la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz, y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a quien se responsabiliza de la condena a muerte de Salvador Puig Antich.

Estaba previsto que la jueza argentina decidiese después de las videoconferencias. Ahora habrá que esperar su próxima decisión.