La condena del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo al dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, que ha pasado a engrosar el listado mundial de genocidas que han atentado contra grupos nacionales y se ha convertido en el primer exmandatario del mundo en ser declarado culpable de genocidio por un tribunal nacional, fue acogida con aplausos y abrazos el viernes por la tarde (medianoche en Euskal Herria).

Lo que tanto ansiaban oír las víctimas llegó por boca de su presidente, Jazmín Barrios, que leyó la condena a Ríos Montt a una pena de 80 años de prisión inconmutables -50 años por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad- por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el período más cruento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que se saldó con más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados internos. «Para que exista paz en Guatemala, debe existir previamente justicia», sostuvo Barrios.

Al leer el histórico fallo, Barrios señaló que «las acciones violentas realizadas en contra de los ixiles no fue espontánea, fue la concertación de planes elaborados» e indicó que «Ríos Montt tuvo conocimiento» de las matanzas perpetradas por las Fuerzas Armadas bajo su mando en contra de esta etnia y que «no las detuvo a pesar de tener el poder para evitarlo».

Los ixiles son una de las 22 etnias de origen maya que habitan Guatemala y que durante la guerra civil de 36 años que padeció fueron consideradas por el Gobierno como «enemigos del Estado» al ser acusadas de apoyar a las guerrillas.

«Se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva» mediante «masacres, torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos», indicó el tribunal. Asimismo, consideró que los militares violaron a cientos de mujeres ixiles, destruyeron sus casas, cosechas y animales y utilizaron el hambre, entre otros hechos, como «arma de guerra «con la intención de desaparecer a la etnia ixil».

Barrios aseguró que en el período en que Ríos Montt ejerció como jefe de Estado, se asesinó a al menos el 5,5% de la población perteneciente a esa etnia.

Los supervivientes del genocidio, añadió el tribunal, «sufrieron daños psicológicos que repercuten en su desarrollo, afec- tan a sus hijos, y (les) provocó daños generacionales».

Basado en el racismo

El genocidio perpetrado contra los ixiles, agregó, «se basó en el racismo» existente hacia los pueblos indígenas, y que incluso llegó al extremo de «impedir el nacimiento de niños dentro de ese grupo» étnico.

Con la resolución emitida, explicó la juez, «se reconoce la verdad« de los hechos ocurridos, la cual «deberá ayudar a sanar las heridas del pasado» y «fortalecer la democracia del país».

«Este tipo de hechos no deben de volver a repetirse. El pueblo de Guatemala desea vivir en paz», subrayó.

La sentencia se dará a conocer en su integridad el 17 de mayo.

Tras el fallo, el tribunal revocó el arresto domiciliario del que gozaba el dictador de 86 años de edad desde enero de 2012, y ordenó su inmediata detención y traslado a la prisión de la base militar de San Rafael de Matamoros, donde ingresan de forma preventiva las personas cuya integridad pueda estar en peligro en una cárcel ordinaria.

Una multitud se agolpó ante el tribunal para presenciar su traslado. Allí, un grupo de activista de ONG extendieron una manta negra en la que, con letras rojas, se podía leer: «Sí hubo genocidio». A las puertas de la base militar un grupo de personas celebró el fallo con cohetes y cánticos.

Ríos Montt, quien escuchó la sentencia del tribunal con aparente serenidad, insistió con enérgico tono de voz ante los periodistas en su inocencia y anunció que sus abogados apelaran el fallo, que consideró ilegal. «Es un show político internacional que va a afectar el alma y el corazón del pueblo guatemalteco, pero nosotros tenemos paz porque nunca derramamos o no nos manchamos las manos de sangre de nuestros hermanos», sostuvo.

La Justicia de Guatemala debe pronunciarse aún sobre los doce recursos interpuestos contra el procedimiento seguido en este caso. Si se estima cualquiera de ellos esta sentencia condenatoria podría quedar invalidada.

Amnesty International y Human Rights Watch celebraron la resolución, que consideraron un paso decisivo y un mensaje contra la imunidad.