La reivindicación de una colectividad territorial con estatus específico para Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa y la amplia representación surgida para defenderla reflejan significativamente las características de eso que se ha venido en llamar «nuevo tiempo». Se podría decir incluso que los agentes sociales y los responsables políticos, de todo signo y condición, de Ipar Euskal Herria están dando una auténtica lección a sus hermanos del sur, donde las inercias del pasado lastran más de lo debido la oportunidad de avanzar de forma más nítida y decidida hacia un escenario radicalmente diferente al de las últimas décadas.

La repercusión de la Conferencia de Aiete ha sido tremenda al norte del Bidasoa, hasta el punto de que los máximos responsables de partidos de ámbito estatal -como la UMP, el PS o los centristas- se han implicado en el conjunto de cuestiones a abordar para resolver el conflicto vasco. ¿Se imaginan la misma actitud de sus homólogos del sur? En efecto, hay un mundo entre la posición de aquellos líderes que se limitan a decir que las órdenes de la Audiencia Nacional española están para ser cumplidas o la de, por ejemplo, el senador y alcalde de Biarritz, Didier Borotra, que apareció sentado al lado de Aurore Martin. Y Borotra no es, precisamente, ni de la izquierda independentista ni un peligroso antisistema.

La reivindicación territorial y de un nuevo estatus que emerge con fuerza en Ipar Euskal Herria confirma sin género de duda que las estructuras institucionales -en este caso, la falta de las mismas- en las que se quiere constreñir la voluntad de la ciudadanía vasca resultan caducas y obsoletas. No hay una sola zona del país donde el andamiaje político-institucional no se muestre agotado, en la misma medida en que durante todos estos años dichas estructuras no han hecho más que negar la realidad nacional vasca.

Así, el «café para todos» del posfranquismo no ha servido en el sur, pero tampoco lo quieren en Ipar Euskal Herria, aunque el Estado francés sea especialmente dado a la uniformidad o, siguiendo el símil, sea la casa cafetera por antonomasia.

La reivindicación del departamento vasco, que no era más que una taza de la negra y molida bebida dispensada por igual de punta a punta del hexágono, se ha visto superada entre los agentes políticos, sociales y económicos de aquí. Al reconocimiento institucional se le quiere sumar la asunción de la particularidad vasca. La exigencia de la Colectividad Territorial parece querer ahondar, en ese sentido, en la propia especificidad, como recoge su propia denominación: Collectivité Territoriale à Statut Particulier. De ahí también la intención de asumir competencias no solo del Consejo General y del Consejo Regional, sino también del propio Estado.

Llama la atención que en esta progresión reivindicativa -de la gran campaña prodepartamental de Batera de apenas cinco años a esta nueva demanda- se hayan acumulado nuevos sectores, y no precisamente del ámbito abertzale. A ello también han contribuido a buen seguro los fiascos de estructuras e iniciativas que se han quedado a medio camino y sin satisfacer ni a propios ni a extraños, como el plan Pays Basque 2020, que ve imposible asegurar recursos para desarrollar sus propuestas.

La exigencia ha subido de grado, pero sin que ello haya traído consigo menor apoyo o que este se limite a los sectores tradicionalmente más concienciados o activos. Otrora enemigos de la institución propiamente vasca también se han sumado a la demanda de ese nuevo estatus. Son republicanos franceses, que no quepa duda, pero ahora comparten la reivindicación del reconocimiento institucional, incluso con independentistas vascos, frente a las reiteradas negativas de París.

En un mensaje muy poco casual (entrevista en «El País» para responder a ETA y cerrar opciones a posibles procesos de diálogo), la razón de Estado llevó el ministro del Interior, Manuel Valls, a cometer la torpeza de mostrar que, realmente, París no tiene un problema solo con la insurgencia vasca, sino con el conjunto de fuerzas políticas y sociales de Ipar Euskal Herria. Valls apoyó la posición de bloqueo del Gobierno español respecto al proceso de soluciones y se mostró duro en cuanto a los presos, pero también despreció la reivindicación institucional compartida por todos en suelo vasco: «No habrá una estructura administrativa vasca, no queremos abrir ese debate. Tenemos las cosas muy claras y mientras ETA no entregue las armas seremos inflexibles».

La reacción a sus palabras por parte de los principales líderes de Ipar Euskal Herria fueron rotundas, hasta el punto de que los más destacados cargos electos de su propio partido remitieron una carta de protesta al ministro del Interior.

Ahora se ha dado un paso más, pues la coincidencia de criterio ha cristalizado en una unidad práctica en torno a la colectividad territorial, expresada en el llamado Manifiesto de los 500. Se comienza a recrear incluso lo que podría ser perfectamente la interlocución política de todo un pueblo. Además de la máxima representación de los agentes sociales y económicos, la presencia de cargos públicos y dirigentes de las principales fuerzas políticas dota a la iniciativa de una grado de representatividad y de interlocución política desconocida hasta la fecha, ni en el norte ni en el sur de Euskal Herria.

Y otra vez la misma pregunta: ¿se imaginan que supondría eso mismo en los territorios del sur? El carácter sucursalista de los partidos de obediencia estatal y el afán partidista de patrimonializar la interlocución con Madrid de las fuerzas autóctonas (por parte del PNV y, en su medida, de UPN tras romper con el PP) han hecho imposible estructurar una interlocución del conjunto de los vascos del sur. La imagen de una comisión negociadora jelkide haciendo apaños con el PSOE mientras el entonces lehendakari, Patxi López, debía permanecer callado no fue sino un ejemplo.

Parece que entre la clase política de Ipar Euskal Herria existe, al menos, la intención de asumir los grandes retos de este nuevo tiempo, como son buscar acuerdos de convivencia entre distintas sensibilidades y constituir una voz que los defienda allá donde haga falta. A buen seguro, las condiciones sociales y políticas resultan más favorables en el sur, con una sociedad más activa y concienciada -el grado de asimilación en Ipar Euskal Herria resulta notoriamente mayor- pero, en general, con unas fuerzas y líderes políticos que no dan la talla.