Seis años después del estallido de la crisis, la situación de la gran banca occidental en su conjunto continúa siendo crítica. La totalidad de las políticas anti-crisis de nuestros países están, en último término, directamente condicionadas por las estrategias que se pongan en marcha para hacer frente a la situación de estos grandes bancos.

Es esencial tener en cuenta que no es posible en este ámbito separar las estrategias de política económica a poner en marcha para resolver la crisis de los grandes bancos occidentales de las estrategias políticas en sentido estricto o, incluso, de las políticas a desarrollar en el ámbito geoestratégico.

Como hemos puesto de relieve repetidamente, si las políticas anti-crisis aplicadas durante estos años por una buena parte de los gobiernos occidentales pueden claramente calificarse como disparatadas, ello no tiene su origen en errores técnicos o falta de capacidad de gestión, sino en razones estrictas de Economía Política. Más en concreto, en la sumisión de una buena parte de los poderes públicos occidentales a los intereses de los grandes bancos.

En este momento, distintos responsables públicos occidentales intentan aprovechar la actual debilidad estructural de este sector para arañar progresivamente cuotas de poder al sector bancario. Lo están haciendo a través de una estrategia combinada de carácter político y judicial. Estas estrategias, por supuesto, deben continuar si queremos que sea posible, finalmente, adoptar las medidas políticas necesarias para la superación de la crisis.

Si nos centramos en el ámbito de la política económica en sentido estricto, lo primero que hay que hacer es reafirmar con rotundidad que ni un euro más de los recursos públicos debe destinarse al rescate de grandes bancos. Porque lo que se ha hecho hasta ahora, como ha constatado la propia Comisión Europea, ha sido claramente excesivo y, sobre todo, porque nunca debiera haberse hecho.

EKAI Center ya advirtió repetidamente que, teniendo en cuenta las características de esta crisis, estos rescates públicos, por muy perjudiciales para la economía real que fueran, solo iban a conseguir retrasar y aumentar la dimensión del problema y que serían necesarios nuevos y crecientes recursos.

Que esto es lo que -una vez más- está sucediendo lo podemos acreditar, por ejemplo, a través de dos recientes artículos del «Financial Times». El primero de estos artículos, de Jean Pisani-Ferry, publicado el pasado 15 de abril con el título «Los bancos europeos necesitan ser recapitalizados - ahora». En él se afirma que «las autoridades nacionales... tienen que iniciar una recapitalización de los bancos infracapitalizados y una resolución de los insolventes. Ahora es el momento. Cuando se necesite dinero público, la Comisión Europea debería excluir estas aportaciones al decidir sobre los déficits excesivos».

El segundo artículo, del 6 de mayo, firmado por Harald Benink and Harry Huizinga, «Desterrar la amenaza de los bancos zombis europeos», que ya hemos citado, reconocía que «hasta ahora, el sector bancario europeo ha sido mantenido a flote por garantías públicas implícitas sobre virtualmente todas sus deudas», que los autores cuantificaban en 0,65 billones de euros anuales. Reconocían también que «los bancos están ya cargados con amplias pérdidas no reconocidas en sus activos, estimadas por muchos observadores en al menos varios cientos de miles de millones de euros... Es ahora urgente empezar a reconocer las pérdidas en los balances», añadiendo que «Europa necesita adoptar un camino hacia la recapitalización». En dicho camino, se alude de forma repetida, junto a otros instrumentos, a que «los supervisores deben clarificar si la insuficiencia de capital puede ser financiada... por los gobiernos» o a que «si la insuficiencia de capital es relativamente pequeña... los gobiernos nacionales entrarían en juego para aportar los recursos necesarios». Todo esto después de reconocer que «la posición financiera de casi todos los gobiernos en Europa es ahora mucho peor».

Lo primero que procede hacer es, por lo tanto, establecer una clara y firme barrera frente a cualquier nueva fuga de recursos públicos hacia el rescate bancario. Como ya hemos dicho, los bancos no necesitan ser recapitalizados. Necesitan recapitalizarse, imputando las pérdidas necesarias a accionistas y acreedores del mercado de capitales, tal como establece el procedimiento propuesto por la Comisión Europea. Y establecer barreras estrictas frente a cualquier nuevo rescate con fondos públicos.

En conjunto, hay que sustituir los rescates bancarios por la reestructuración interna de los grandes bancos. Es también necesario solucionar de inmediato el intolerable secuestro de recursos públicos presupuestarios y de expansión monetaria por parte de la gran banca, imprescindible para que el crédito vuelva a fluir y pueda hacerse frente a la crisis.

Las vías ya abiertas y que deben impulsarse al respecto se están afianzando crecientemente en Europa y USA:

- Separación estricta de banca comercial y banca de inversión.

- Reestructuración interna de las entidades financieras con cargo a accionistas y acreedores del mercado de capitales (bail-in).

- Minimización de ayudas públicas.

Mientras tanto, el actual colapso del sistema financiero debe ser superado puenteando a la gran banca en la canalización del crédito público y de cualquier tipo de ayuda pública. Para ello, los estados occidentales deben utilizar -o poner en marcha, como está sucediendo, por ejemplo, en Gran Bretaña- bancos públicos o instituciones de crédito público que sean capaces de canalizar los recursos presupuestarios -o la expansión monetaria- directamente hacia la economía real, evitando que estos recursos queden estancados en el agujero sin fondo de los grandes bancos. Este es el mecanismo que ya está funcionando en numerosas regiones europeas y que debe asentarse en el conjunto del territorio europeo. A nivel de la Unión Europea, esta función sería asumida por el Banco Europeo de Inversiones.

A la vez, la política de tipos de interés debe diferenciar con claridad los destinos de los recursos públicos afectados. Los recursos canalizados hacia el crédito productivo deben vincularse a tipos de interés inferiores en 2 ó 3 puntos a los que se destinen a otros fines a través del sistema bancario habitual.

Por supuesto, es imprescindible ser conscientes de que la gran banca mantiene abierto un frente mediático, político, e incluso geoestratégico, para evitar que este tipo de medidas se adopten y para hacer frente al alto riesgo de colapso de la banca de inversión. Algunos gobiernos occidentales son conscientes de esta situación y están aplicando estrategias específicas al respecto.