La joven salvadoreña «Beatriz», nombre supuesto para proteger su intimidad, continua postrada en la cama de un hospital del país centroamericano a la espera de que el Estado autorice a los facultativos que le practiquen un aborto terapéutico, del que literalmente depende su vida.

A su favor cuenta con los informes médicos sobre la inviabilidad del embarazo, al tratarse de un feto anencefálico con nulas probabilidades de sobrevivir fuera del útero materno.

Beatriz tiene 22 años. Reside en una zona rural muy pobre de El Salvador. Sufre de Lupus Eritematoso Discoidea agravado con nefritis lúpica y tiene a su cargo a un niño de un año de edad, que requiere de cuidados especiales tras haber nacido prematuramente.

El Hospital de Maternidad determinó que «es de vital importancia realizarle a Beatriz un procedimiento médico ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna». Aunque el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Bioética, representantes de Naciones Unidas, organizaciones de mujeres y de derechos humanos comparten el mismo diagnóstico, la presión de la iglesia y de los influyentes grupos antiabortistas están ganando el pulso al sentido común.

La legislación actual en El Salvador no contempla ningún supuesto para abortar. Y quien lo hace, ya sea de manera involuntaria, puede ser castigada hasta con 40 años de cárcel. Ese es el caso de María Teresa Rivera, de escasos recursos económicos en prisión por haber abortado de forma espontánea.

A principios de mayo, el Gobierno irlandés se vio obligado a a suavizar su restrictiva legislación tras el rechazo que suscitó la muerte en diciembre de 2012 de Savita Halappanavar, a quien le negaron la interrupción del embarazo.

Los casos de «Beatriz» y Savita son ilustrativos de lo que puede llegar a ocurrir en el Estado español de aprobarse la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que, atendiendo únicamente a preceptos religiosos, prevé eliminar el supuesto de malformación fetal, obviando criterios científicos y, sobre todo, el derecho a decidir de cada mujer.