Las presiones logran que el Constitucional anule la pena de 80 años contra Ríos Montt
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia de 80 años de cárcel impuesta el pasado día 10 al dictador Efraín Ríos Montt, 50 años por genocidio y otros 30 por crímenes de lesa humanidad. El tribunal lo consideró responsable de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas ixiles. El lunes, con los votos de tres magistrados a favor y dos en contra, el Constitucional invalidó el fallo, calificado en su momento de histórico, y ordenó repetir el juicio.
GARA | CIUDAD DE GUATEMALA
El juicio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado el 10 de mayo a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, estuvo marcado desde su inicio por las argucias jurídicas de la defensa para anularlo.
Finalmente, el lunes, tras diez horas de deliberaciones, el secretario de la Corte de Constitucionalidad (CC), Martín Guzmán, dio a conocer el dictamen por el que, con el voto a favor de tres magistrados y dos en contra, la CC anuló la condena por genocidio, calificada de histórica al tratarse de la primera en el mundo a un exmandatario ante un tribunal nacional.
Según los magistrados, no se cumplió el debido proceso durante el juicio, que comenzó el 19 de marzo, fue suspendido el 19 de abril y reanudado unos días después para concluir el pasado 10 de mayo. Alegaron que el juicio no debía de haberse reanudado porque el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, encargado del caso, no conoció la recusación planteada por el abogado de la defensa Francisco García. «Por consiguiente, queda anulado todo lo actuado en el proceso final del debate oral y público a partir del 19 de abril», subrayó Guzmán.
Ese día, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó suspender de forma provisional el juicio, tras admitir a trámite el amparo presentado por Ríos Montt por la expulsión al inicio de la vista oral de su abogado.
El Tribunal de Mayor Riesgo acusó a García de usar estrategias para retrasar el proceso judicial, por lo que decidió expulsarlo brevemente de la sala.
El juicio se reanudó el 30 de abril después de que la CC se pronunciara en contra de la anulación que exigía la defensa y ordenara enviar de nuevo el expediente a la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, quien concluyó que el objetivo del régimen de Ríos Montt era «la desaparición física del área ixil a través de planes elaborados, no de acciones espontáneas».
En una sociedad como la guatemalteca, en la que durante décadas las voces de los mayas, principales víctimas de la «guerra contra la subversión», han sido silenciadas y deslegitmidas y con un exmilitar como presidente, sobre el que pesan denuncias de violaciones de derechos humanos durante su etapa en el Ejército, hubo sectores que celebraron abiertamente la anulación de la sentencia.
«Es una buena noticia para el país porque el Constitucional se apegó al derecho y pide que se respete el debido proceso», afirmó Santiago Molina, presidente de la cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala había amenazado con movilizar hasta a 50.000 paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y con paralizar el país hasta lograr la excarcelación del octogenario dictador.
Amnistía Internacional rechazó la resolución del Constitucional, que consideró un «golpe devastador para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos».
A través de sus testimonios, los supervivientes describieron con toda crudeza matanzas indiscriminadas, violaciones a mujeres y niñas, feticidios, torturas, quema de cultivos y de poblaciones enteras dentro de la política de «tierra arrasada» implementada por los militares.
Ríos Montt también está deberá responder por la matanza de Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982, en la que murieron 201 personas, la mayoría mujeres y niños a manos de un grupo de 17 miembros de las fuerzas de élite y 40 soldados.
En su sentencia del 10 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo dictaminó que el 5,5% de los indígenas mayas-ixiles murieron a manos del Ejército durante el periodo en que Ríos Montt gobernó Guatemala (1982-83), por ser considerados «enemigos del Estado».
Antropólogos de Guatemala han indentificado siete de las al menos 535 osamentas localizadas en un antiguo cuartel en el norte del país, correspondientes a indígenas masacrados durante la guerra, algunos bajo el mandato de Efraín Ríos Montt (1982-83). «Los expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) han obtenido la identificación hasta el momento de siete personas recuperadas en 83 fosas desde que se iniciaron las exhumaciones en febrero de 2012», precisó la entidad en un comunicado la pasada semana. De acuerdo con el informe de la Fundación, cinco de los siete casos identificados ocurrieron durante el régimen de Ríos Montt.
El antiguo campamento militar está en Cobán, a unos 300 kilómetros al norte de la capital. En su lugar ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU.
Las víctimas fueron secuestradas por soldados y paramilitares en comunidades cercanas a la base militar. Según la FAFG, la mayoría de los 535 cuerpos recuperados hasta la fecha presentan «señales de violencia, manos atadas por la espalda, ojos vendados» y lesiones provocadas por objetos cortantes y proyectiles de arma de fuego. A mediados de abril, recuperaron restos de al menos ocho personas en un cuartel de Nebaj.
El nombre de este cuartel militar salió a luz durente el juicio a Ríos Montt, cuando un ex miembro del Ejército afirmó que en ese lugar mataron a indígenas e identificó al actual presidente, Otto Pérez, como uno de los oficiales en ordenar las ejecuciones. GARA
