La huelga general del 30 de mayo en Hego Euskal Herria concentra, de nuevo, la reivindicación de la Carta de Derechos Sociales. Elkartzen nació prácticamente de la anterior propuesta a final del siglo pasado, ¿qué les parece?

En torno a 1996 se empezó a ver la necesidad de constituir la Carta de Derechos Sociales. En 1999 se realizó una marcha por el empleo y los salarios. A raíz del descafeinamiento de la Carta Social que se tramitó en el Parlamento de Gasteiz es cuando Elkartzen ve la necesidad de juntarse y organizarse. En realidad se torció todo. Una de las victorias que se lograron en esa lucha fueron las 35 horas en la función pública, con visos de que se extendiera en el sector privado. Este año, sin embargo, el PNV ha tirado esa pequeña victoria.

¿Es una respuesta al aumento del paro, a la pobreza y a la pérdida de derechos sociales?

Tiene relación con la crisis y el proceso de disciplina en el mundo laboral y en el mundo de los derechos sociales. Lo que consideramos factores de empobrecimiento, como el derecho a la vivienda. La evolución de los últimos años es igual: urbanismo salvaje, que no garantiza el acceso a la vivienda. Pero los desahucios han puesto en este período de crisis el problema encima de la mesa.

Siempre hemos dicho que con unos ingresos medios y destinando la máxima capacidad del pago de la vivienda, tendríamos que vivir 114 años para pagar la vivienda. La política de vivienda se ha basado en fomentar la especulación, el urbanismo salvaje y no asegurar el alquiler social.

En este momento, resurge esa idea del alquiler social, ¿qué piensan?

En este momento de crisis sale. Es un juego que practican las instituciones, que es desde el año 2007, cuando empieza la crisis, cuando se dan cuenta de algo que nosotros hemos demandado siempre: el alquiler social, como fórmula precisamente para responder a la falta de recursos económicos para hacer frente a la compra.

¿Hay mucha hipocresía de los gobiernos en los temas sociales?

Mucha. Una cosa es lo que se dice y otra, lo que se hace. En 2010, cuando se juntaron las diputaciones con el Gobierno de Patxi López (PSE), -ahora está pasando lo mismo-, en aquel verano iban a hacer un plan de fortalecimiento de la economía. Fue falso, porque eran proyectos en marcha. Lo hicieron para mantener el pulso mediático.

La semana pasada se reunieron con el Gobierno de Urkullu, pero no han conseguido nada, porque no hay modelo alternativo. El Gobierno ha llegado a un pacto con la patronal para flexibilizar las condiciones de trabajo, reducir salarios y que haya una merma continua de los derechos sociales.

¿Qué piensan de la fuerte pérdida de ingresos por parte de la población más necesitada?

Los ingresos mínimos están disminuyendo ante este drama del paro y la exclusión. Es cuestión de datos: 233.000 parados, aunque hay muchas más personas en paro sin apuntarse -superan los 244.000-. Se está constituyendo una sociedad más dualizada. Una minoría aumenta los ingresos, pero la inmensa mayoría tiene restringidos derechos mínimos, como la vivienda.

Hay 107.000 personas sin prestación por desempleo. Más de 400.000 pensionistas están por debajo de los 700 euros mensuales y si añadimos otros 500.000 trabajadores con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, que lo medimos según el 37,5% del PIB per cápita (963 euros), nos encontramos con un drama social. Europa está generando trabajadores empobrecidos y lo asume con tranquilidad. A todo esto hay que añadir la falta del reparto del trabajo productivo y reproductivo, y una pérdida de los servicios sociales. Se dan fuertes recortes en Sanidad y Educación, o con la privatización y mercantilización de la Cultura. El retroceso del conjunto de los derechos sociales es inmenso. Hay que responder.

La novedad en esta huelga es el compromiso social y sindical en la elaboración de la Carta de Derechos Sociales, ¿qué piensa Elkartzen?

Hay que construir ese muro de contención con la Carta de los Derechos Sociales. Darle un impulso desde el conjunto de Euskal Herria. Es una necesidad. Porque cuando hay crecimiento económico no se reparte la riqueza, como pasó entre 2000 y 2005. Hay momentos aparentes de bonanza, que es cuando hemos intentando mostrar el aumento de los dramas de la precariedad. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en Lanbide: se endurece el acceso a las prestaciones y se dificulta y criminaliza a quienes deben tener acceso a las mismas. Están disciplinando a los trabajadores, a base de recortes, y a quienes no tienen nada a que asuman todo y traguen. No podemos quedarnos ahí viendo cómo nos agreden de esta manera.

¿Cómo le damos la vuelta a esta situación?

Vemos que hay una reactivación de la sociedad ante situaciones sangrantes, como está ocurriendo con los movimientos antidesahucios y experiencias de respuesta y contrapoder a nivel local. Debe haber una respuesta como pueblo ante todas estas agresiones. Es necesaria y es lo que se busca a partir de la huelga.

¿Qué tendría que tener la Carta de Derechos Sociales actual?

Lo mismo que la anterior. No podemos olvidar la trayectoria histórica, ni toda la experiencia. El debate que se ha dado en las organizaciones sociales y sindicales tiene que conllevar una respuesta como pueblo. Euskal Herria tiene que desarrollarse. En segundo lugar, tiene que demandar una cambio profundo. No va a haber un capitalismo bueno, por así decirlo. Podemos verlo a través de todas las crisis de la historia reciente. Hay un montón de crisis, que han confluido, y es una oportunidad para provocar esa transformación. Y, está claro, que se necesitan instrumentos propios de soberanía económica y creemos que debe asegurar al máximo la participación.

¿Es complicado?

Es complicado, teniendo en cuenta todas las sensibilidades. Apostamos porque sea lo más participativo posible, lo que va a mostrar ante la patronal y los gobiernos que existe una unión entre las organizaciones que les hacen frente. Nos enfrentamos al capital. Vivimos en medio de Europa y todo lo que estamos haciendo va en contra, en otra dirección.