Los miembros de Herrira Nagore García y Jon Garay mantuvieron ayer una reunión con Jonan Fernández y Mónica Hernando, del equipo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, en la que trasladaron al Ejecutivo autonómico su preocupación por «las graves vulneraciones de derechos humanos que están cometiendo los gobiernos con los presos y sus familiares» mediante el mantenimiento de algunas medidas de excepción contra este colectivo como la dispersión, la aplicación de la doctrina 197/2006 o la no-liberación de los prisioneros que se encuentran gravemente enfermos.

En ese sentido, pidieron a los responsables de Lakua una mayor implicación institucional «para detener cuanto antes estas graves vulneraciones de derechos humanos, para terminar con el sufrimiento y prevenir nuevas muertes».

Tras destacar que la adaptación de la política penitenciaria al nuevo tiempo político es una demanda de la mayoría social vasca, desde Herrira calificaron de «muy negativo» el hecho de que algunos estamentos políticos «traten de desviar el debate una y otra vez, situándolo en unos parámetros de enfrentamiento y conflicto que no ayudan a avanzar».

En opinión de Herrira, el primer punto para avanzar hacia la resolución, la paz y la convivencia «es detener las vulneraciones de derechos humanos que hoy en día se siguen produciendo, y nos parece una irresponsabilidad dejar pasar el tiempo en una cuestión que está generando tan graves consecuencias humanas».

El encuentro mantenido ayer se enmarca en la dinámica de contactos que el movimiento mantendrá para llevar al ámbito político e institucional el «amplio consenso existente en la sociedad vasca en la necesidad de superar estas políticas penitenciarias de excepción».

Ronda con víctimas

La misma Secretaría de Paz y Convivencia mantuvo la semana pasada una primera ronda de contactos con las asociaciones de víctimas de ETA con domicilio en la CAV y en el Estado español, al objeto de presentar la nueva área y a su titular, la citada Mónica Hernando, «como área del nuevo gobierno encargada de las políticas de paz».

Según indicaron desde la plataforma de comunicación Irekia, los representantes del Ejecutivo de Lakua «han trasladado a los distintos colectivos su firme compromiso con una política de apoyo, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo».