En una decisión un tanto inusual, el fiscal ha solicitado que se levante la imputación por el «caso CAN» a Enrique Maya antes de que se conozca el resultado de todas las pruebas. La Fiscalía sostiene que para cuando el alcalde de Iruñea entró a formar parte de la Permanente de CAN ya estaba debidamente regularizada. Su escrito complica la situación legal del resto de imputados, puesto que implica que, antes de la entrada del primer edil, la Permanente no estaba debidamente constituida.

En concreto, la decisión del fiscal afecta a Miguel Sanz y Álvaro Miranda, pero también a Yolanda Barcina, que aunque no haya sido imputada, sí que cobró durante la etapa no reglada. Concretamente, las ocho primeras reuniones (16 dietas) se celebraron antes de que se aprobara el reglamento en el que se menciona por primera vez la existencia de la Permanente (junio 2011).

Lo peculiar de la decisión del Ministerio Público es que se solicita el levantamiento de la imputación cuando sigue en duda si las actas que se han presentado al juzgado son válidas. La pasada semana la Guardia Civil entró a la sede de CAN para intentar datar cuándo se redactaron esas actas, bajo la sospecha de que pudieron haberse elaborado ex profeso para el juicio. Sin esperar a estas conclusiones, el fiscal ya da por buenas las actas y no ve relevante que la Guardia Civil comunique el resultado de sus investigaciones. Sin las actas, el cobro sería irregular. Estos documentos cuya veracidad se intenta acreditar llevan la firma del secretario general de la entidad, Alberto Pascual. En las doce primeras aparece la rúbrica de Sanz y, en las cuatro siguientes, la de Barcina.

El escrito del fiscal señala que «a pesar de que en la presenta causa se han acordado una serie de diligencias que están pendientes de practicar, consideramos que las mismas, que pudieran afectar en un sentido o en otro a los demás imputados, no afectan a este imputado [Enrique Maya]». La Fiscalía insiste en que se basa en una «perspectiva estrictamente jurídico penal» y «al margen de consideraciones éticas y morales».

Por otro lado, cabe señalar que hasta ahora la Fiscalía había tenido una actuación absolutamente plana en el caso. Aunque participaba activamente de los interrogatorios, no ha solicitado que se practique una sola prueba en relación a las dietas (aunque su escrito de ayer admita que las que han solicitado tanto la juez como las partes pueden «afectar» a los imputados).

Contra la tesis del cohecho

El escrito conocido ayer recoge varias sentencias que apuntan a que los imputados y Barcina no pudieron cometer cohecho, y que van contra la tesis de la juez. El fiscal sostiene que Barcina y el resto no ejercían como cargos públicos en CAN y que, por tanto, este delito no es aplicable. Para ello, extracta la misma sentencia que sirvió para desestimar la denuncia que interpuso Kontuz ante la Fiscalía navarra por la compra de oficinas de CAN que realizó Barcina a través de la sociedad Navarra Building. Por tanto, si este argumento es desestimado por la juez instructora, podría complicarse la situación de la presidenta.

El cohecho que investiga la juez se fundamenta en un delito de prevaricación por omisión, que habrían cometido las autoridades navarras al no cumplir con su obligación de investigar la caja. El fiscal argumenta que Maya nunca tuvo capacidad inspectora, dado que tomó posesión como alcalde en 2011 y jamás ha sido cargo del Ejecutivo navarro.

Según han comentado fuentes jurídicas a este periódico, la argumentación que ha realizado el fiscal podría no ser de aplicación a Caja Navarra. Cabe destacar que las sentencias a las que se hace referencia afectan a cajas de fundación privada, cuando la CAN era una entidad de fundación enteramente pública (fue creada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Iruñea).

Maya también solicitó que le fuera levantada su imputación la semana pasada. Por su parte, la asociación Kontuz, cuya denuncia desencadenó toda esta instrucción, adelantó que elevará un escrito para oponerse, pese a que su acusación se dirigió en un primer momento contra el exdirector de la entidad, Enrique Goñi, y Sanz. Goñi declarará como imputado el viernes.