La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil ha revelado que la represión de la disidencia comenzó en el primer año de la dictadura militar, en 1964, antes de que la izquierda decidiera optar por la estrategia de la lucha armada, y que toda la cúpula militar y política era perfectamente consciente de ello.

La CNV presentó el pasado martes el informe de su primer año de trabajo, que se basa en 268 testimonios de víctimas y familiares de fallecidos y desaparecidos y en miles de documentos oficiales de la dictadura militar (1964-1985).

La presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera que fue encarcelada y torturada, inauguró el 16 de mayo de 2012 esta comisión destinada a investigar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en Brasil, que provocó al menos 400 muertos y desaparecidos.

La historiadora Heloísa Starling, asesora de la CNV, indicó que uno de los descubrimientos más importantes es que la represión de la disidencia comenzó nada más producirse el golpe de Estado, antes de que la izquierda se levantara en armas contra el régimen castrense.

«Lo que nos tememos es que la tortura fue introducida como padrón represivo, en cuanto a técnica de interrogatorio en los cuarteles militares, a partir de 1964, expandiéndose a partir de 1969», señaló Starling, en declaraciones recogidas por el diario «O'Globo». Centros de tortura en universidades y una organizada estructura para reprimir comandada desde el más alto nivel del Estado, son algunas de las revelaciones preliminares de las investigaciones.

La CNV ha identificado hasta 36 centros de tortura en siete estados, la mayoría cuarteles militares, aunque también destaca su ubicación en universidades como las de Pernambuco y Río de Janeiro. En ellos, ha concluido, se llevaron a cabo hasta nueve modalidades de tortura, física y psicológica, que se usaron regularmente.

El Centro de Informaciones de la Marina fue «uno de los organismos más feroces en la estructura de represión», según Starling, quien mostró un documento del mismo, fechado en diciembre de 1972, en el que se confirmaba la muerte de 11 desaparecidos políticos, de los que siempre dijo desconocer el paradero, incluso tras la llegada de la democracia. Otra de las constataciones es que las cúpulas de las Fuerzas Armadas y del Gobierno conocían el aparato represivo del Estado.

La abogada de la CNV Rosa Cardoso apuntó que estas conclusiones allanan el camino hacia un proceso penal contra los responsables de los crímenes y abogó por revisar de nuevo la Ley de Amnistía de 1979, que establece la impunidad para los crímenes cometidos por el régimen castrense y las guerrillas izquierdistas. El ultimo intento de cambiar la norma fue en 2010, pero el Supremo determinó que «no se pasa de una dictadura a una democracia de forma pacífica sin concesiones».