El TAV, en entredicho
Nafarroa también tendrá que pagar el agujero de la nueva estación
El Gobierno navarro deberá financiar cualquier desviación presupuestaria en el proyecto de la nueva estación del TAV en Iruñerria, ya que lo acordó de este modo con Madrid. Así consta en las actas del Consejo de Dirección del Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona. El objetivo inicial era financiar el proyecto con la construcción de 9.000 viviendas. El agujero puede ascender a unos 170 millones de euros.
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA
El Gobierno navarro deberá hacer frente a cualquier a cualquier desviación presupuestaria en el proyecto de estación del TAV en Iruñerria, según consta en las actas del Consejo de Dirección del Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona, a las que ha tenido acceso GARA.
Este órgano, formado por el Gobierno de Nafarroa y los ayuntamientos de Iruñea, Zizur Nagusia y Zendea de Zizur, en cuyos terrenos se ubicaría la nueva estación comarcal, se constituyó en 2007 y ha estado presidido por los consejeros de Obras Públicas o Fomento del Gobierno navarro: Laura Alba (UPN), Anai Astiz (PSN) y Luis Zarraluqui.
En la sexta reunión del Consorcio, celebrada en marzo de 2011, Alba destacó que «en función de los acuerdos suscritos» con Madrid, correspondería al Gobierno navarro costear la diferencia de presupuesto de construcción de la estación si la operación urbanística puesta en marcha no fuera suficiente.
Alba respondía de este modo a una pregunta del entonces portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Iruñea y presidente de la Mancomunidad de Iruñerria, Javier Torrens, que manifestó su «preocupación por la incidencia de la crisis sobre el valor de los aprovechamientos urbanísticos destinados a sufragar la actuación de ADIF (organismo estatal encargado de la gestión ferroviaria)», que entonces se cifraban en 105 millones de euros.
Y es que según el convenio suscrito por las autoridades navarras y el Gobierno español, la nueva estación de Iruñerria debería sufragarse mediante la construcción y venta de 9.000 viviendas, un objetivo que aparece como inalcanzable tras el estallido de la burbuja urbanística en una comarca como Iruñerria donde no se han vendido todas las viviendas de promociones ya concluidas como Erripagaina.
En la reunión celebrada en abril de 2012, la única que presidió Anai Astiz, el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, mostró su malestar ante la posibilidad de que la existencia de un déficit en la operación pudiera suponer un percance para los ayuntamientos y llegó a amenazar con retirar a Iruñea del proyecto «si debe aportar económicamente a la construcción de la nueva estación».
En la siguiente reunión, celebrada en octubre de 2012 y presidida por Luis Zarraluqui tras la expulsión de los consejeros del PSN en verano, Maya vuelve a sacar el tema de la financiación y pide que se aclare esta cuestión.
Zarraluqui responde que el Gobierno navarro está «negociando la modificación del convenio suscrito con el Estado» y reconoce que «en cualquier caso, será competencia del Gobierno de Navarra adquirir los terrenos y costear las obras».
En la misma reunión, a preguntas de los ediles de Iruñea Iñaki Cabasés (NaBai) y Jorge Mori (PSN), Zarraluqui vuelve a reconocer que, en virtud de los acuerdos con el Estado y ADIF es el Gobierno navarro quien debe «ejecutar por sí mismo las obras de la plataforma ferroviaria», además de adelantar el pago de la instalación de la vía.
Proyecto con escaso sentido
La nueva estación de Etxabakoitz ha perdido su sentido ante la constatación de que el TAV no llegará a Nafarroa, tras el desmarque del Gobierno español de su responsabildad de construir los enlaces del «corredor navarro» con Aragón y llamada «Y vasca».
Sin embargo, el Gobierno de Yolanda Barcina sigue empecinado en construir los aislados 69 kilómetros de TAV entre Iruñerria y Castejón, presupuestados en 670 millones de euros. Asimismo, tiene la patata caliente de la nueva estación, que puede suponer otro agujero de unos 170 millones de euros mientras se siguen practicando recortes sociales.
En julio de 2012, la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, destacó, en un acto en Iruñea junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que no se iba a replantear el PSIS de la estación ante el riesgo de que no se pudieran vender 9.000 viviendas, aunque reconoció que «se ajustarán los plazos en función de las disponibilidades económicas».
En esa misma comparecencia, Pastor aseguró que la conexión de Nafarroa con el resto del Estado mediante el TAV era «una apuesta del Gobierno de España», aunque eludió concretar cuándo comenzaría a licitar los tramos correspondientes. Posteriormente, Madrid rechazó cumplir este compromiso, apostando por adecuar el actual trazado al ancho de vía europeo.
La factoría de Inquinasa es una de las beneficiados por la operación urbanística de la nueva estación por la revalorización de sus terrenos y su traslado a otro emplazamiento. Acaba de presentar un ERE que afecta a 71 trabajadores, más de la mitad de su plantilla.
Un grupo de unas 40 personas procedentes de Erribera, Tafallaldea e Iruñerria accedieron ayer a la zona de obras del TAV en Cadreita paralizando los trabajos durante quince minutos, según informaron los organizadores de la protesta.
Los opositores a esta macroinfraestructura rodearon dos máquinas que trabajan en el subtramo Cadreita-Alesbes, adjudicado a las empresas Comsa y Mariezcurrena, mostrando pancartas favorables a la paralización de las obras y de denuncia al despilfarro que supone el proyecto. Asimismo, hicieron un llamamiento a participar en la manifestación para pedir la paralización de las obras del TAV que tendrá lugar el sábado a las 19.00 en Tafalla.
«El TAV es un despilfarro de recursos públicos, ya que desde el Gobierno navarro se sigue priorizando la construcción de un TAV ridículo de 60 kilómetros entre Castejón y Campanas, sin conexión en alta velocidad ni con la Y vasca ni con Zaragoza. Mientras tanto, la mayoría de la población no ve garantizados sus derechos sociales mínimos en educación, sanidad o servicios sociales», destacaron.
Junto a ello, subrayaron que las zonas rurales que padecen actualmente cierres de centros sanitarios y escuelas verán cómo desaparecen también las líneas de tren convencional «para obligar a la gente a coger el TAV a pesar del alto coste del billete». La línea Iruñea-Castejón es una de las que se verán más afectadas por la reducción de servicios por parte del Gobierno español.
«Cuando decimos que el TAV es un pozo sin fondo denunciamos que su alto coste económico supone una hipoteca de alta velocidad. Mientras las obras del TAV avanzan, lo hacen también la precariedad y la exclusión social, abocando a que cada vez más gente subsista con ingresos por debajo del umbral de la pobreza», añadieron.
«Es un escándalo que Navarra haya adelantado ya más de 300 millones de euros para esta obra y tenga que asumir los intereses del Banco Europeo de Inversiones, que ascienden a más de 45 millones de euros», denunciaron, antes de subrayar que el Estado español es actualmente líder europeo en kilómetros de TAV construidos y también de tasas de desempleo.
«Navarra no puede entrar en esta dinámica, con 56.000 personas en paro y comarcas como la Sakana y la Ribera con altos índices de desempleo, las prioridades no pueden pasar por el TAV y sí en garantizar un empleo digno para todas aquellas personas necesitadas», reclamaron antes de rechazar «la política del cemento y el hormigón» que en Nafarroa tiene ejemplos notables como el Canal de Navarra, el pabellón Reyno de Navarra Arena o la ampliación del aeropuerto de Noain.
Por otra parte, dos opositores al TAV serán juzgados hoy en Donostia por haber participado en una acción de protesta consistente en encadenarse a un bidón en las obras del tren cuando comenzaron en Ordizia en 2008. La Fiscalía pide penas de prisión de dos años y medio, según informó AHT Gelditu, que ha convocado una concentración de apoyo a las 10.30 ante la sede de los Juzgados. GARA
