La Fiscal�a espa�ola ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la petici�n de suspender las condenas impuestas a Arnaldo Otegi, Rafa D�ez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodr�guez y Sonia Jacinto mientras se estudian sus recursos de amparo, recientemente admitidos a tr�mite. El Ministerio p�blico alude a la �trascendencia social� de los presuntos delitos por los que los militantes independentistas fueron condenados y a la consiguiente b�squeda de la �paz social�, as� como al hecho de que las penas superan los cinco a�os de prisi�n, l�mite a partir del cual, sostiene, no debe aplicarse la medida solicitada por la defensa.

Este �ltimo argumento es absolutamente tramposo, pues obvia el fiscal que los condenados en el �caso Bateragune�, que se remonta a octubre de 2009, han cumplido pr�cticamente dos tercios de la pena, y que de no aceptarse la petici�n de puesta en libertad es posible que para cuando el tribunal se pronuncie la condena est� a punto de saldarse, si no se ha cumplido ya. En tal caso, y si el Constitucional estima finalmente el recurso, el da�o provocado a estas cinco personas ser�a todav�a mayor. En cualquier caso, es el primer razonamiento expuesto por el fiscal el que produce tanta indignaci�n como esc�ndalo. Lo hace porque quien firma el escrito sabe perfectamente que lo que perturba sobremanera la paz social en este pa�s es que los mu�idores del nuevo tiempo pol�tico, quienes tanto han hecho por asentar la esperanza de una resoluci�n democr�tica del conflicto, permanezcan encarcelados.

Acierta la Fiscal�a en destacar la trascendencia de este caso, porque es trascendente no lo que se les imputa, sino los motivos reales que han conducido a estos abertzales a la c�rcel. Arnaldo, Rafa, Miren, Arkaitz y Sonia, adem�s de cinco personas injustamente encarceladas, son un activo pol�tico de primera magnitud y un referente para quienes trabajan por una Euskal Herria libre. Eso es lo que les da miedo, lo que les preocupa, no una paz cuyo significado real desconocen.