La Fiscalía española ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la petición de suspender las condenas impuestas a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto mientras se estudian sus recursos de amparo, recientemente admitidos a trámite. El Ministerio público alude a la «trascendencia social» de los presuntos delitos por los que los militantes independentistas fueron condenados y a la consiguiente búsqueda de la «paz social», así como al hecho de que las penas superan los cinco años de prisión, límite a partir del cual, sostiene, no debe aplicarse la medida solicitada por la defensa.

Este último argumento es absolutamente tramposo, pues obvia el fiscal que los condenados en el «caso Bateragune», que se remonta a octubre de 2009, han cumplido prácticamente dos tercios de la pena, y que de no aceptarse la petición de puesta en libertad es posible que para cuando el tribunal se pronuncie la condena esté a punto de saldarse, si no se ha cumplido ya. En tal caso, y si el Constitucional estima finalmente el recurso, el daño provocado a estas cinco personas sería todavía mayor. En cualquier caso, es el primer razonamiento expuesto por el fiscal el que produce tanta indignación como escándalo. Lo hace porque quien firma el escrito sabe perfectamente que lo que perturba sobremanera la paz social en este país es que los muñidores del nuevo tiempo político, quienes tanto han hecho por asentar la esperanza de una resolución democrática del conflicto, permanezcan encarcelados.

Acierta la Fiscalía en destacar la trascendencia de este caso, porque es trascendente no lo que se les imputa, sino los motivos reales que han conducido a estos abertzales a la cárcel. Arnaldo, Rafa, Miren, Arkaitz y Sonia, además de cinco personas injustamente encarceladas, son un activo político de primera magnitud y un referente para quienes trabajan por una Euskal Herria libre. Eso es lo que les da miedo, lo que les preocupa, no una paz cuyo significado real desconocen.