El derecho a la verdad, según un creciente corpus jurídico internacional, reconoce que las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y también las sociedades, tienen derecho a conocer los hechos, las circunstancias y las responsabilidades de atrocidades como las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. Para el derecho internacional son crímenes imprescriptibles ante los cuales no valen las amnistías. En Brasil, a pesar de la Ley de Amnistía de 1979, la Comisión de la Verdad instaurada hace un año ha revelado que la tortura comenzó a ser practicada en los cuarteles en 1964, antes de que la izquierda optara por la lucha armada, y que no fue un hecho puntual, sino la base de la matriz de la represión de la dictadura. Son unas revelaciones de trascendencia que posibilitan un proceso penal a los genocidas en base a la primacía del derecho internacional sobre el nacional, en un momento en el que los intentos por revertir el fin de la impunidad de los dictadores, como en Guatemala, se multiplican.

Es una cuestión clave. Antes, la norma era el secretismo oficial, y las víctimas, normalmente desacreditadas, quedaban forzosamente fuera de la esfera pública porque se las consideraba un incómodo recuerdo de los abusos del poder. Ahora, las sociedades están exigiendo que la transparencia y el conocimiento sean inherentes a una concepción sólida de la ciudadanía.