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«caso bateragune»
La Fiscalía estira hasta el fin la prisión por el caso Bateragune
Se contradice al plantear que Otegi y sus compañeros sigan en la cárcel, pero instar al mismo tiempo al Constitucional a decidir cuanto antes debido a su estancia en prisión. Ya han cumplido casi cuatro años de los seis impuestos por el Supremo. Una eventual absolución llegaría tarde
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R.S. | DONOSTIA
Como era previsible dada la posición que ha adoptado en todo este proceso, la Fiscalía ha rechazado la petición de puesta en libertad hecha por las defensas de Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Rafa Díez después de admitirse a trámite sus recursos en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este criterio se convierte en claramente paradójico, porque al mismo tiempo el Ministerio Público reclama al TC que decida rápido sobre el fondo del asunto, y lo hace aludiendo a que los condenados se encuentran en prisión.
La contradicción aumenta de grado si se recuerda que casi todos ellos van camino de los cuatro años de cumplimiento efectivo de cárcel sobre un total de condena de entre seis y seis años y medio, es decir, casi dos tercios del total.
El pasado 9 de mayo el TC admitió a trámite los recursos, con lo que afronta definitivamente la revisión de este caso retenido en sus registros desde hace ya casi un año. En ese momento se abrió una pieza separada para estudiar si suspendía su estancia en prisión en tanto se resolvía el recurso. Por tanto, se ha pedido posición tanto a la Fiscalía como a las defensas.
El Ministerio Público argumenta que la doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto marca una frontera entre las penas cuya duración excede de cinco años, a las que no se aplicaría la suspensión, y las inferiores a cinco años, respecto a las cuales con carácter casi general se optaría por la excarcelación cautelar. Como quiera que han sido condenados a un año más que esa cota, plantea al tribunal que se deniegue la liberación de los cinco dirigentes independentistas.
El criterio y la ley
La Fiscalía recurre así a buscar cobertura en decisiones concretas de ese TC y no en la letra general de la ley. Y es que la norma general no impone un criterio cerrado, sino que da un margen amplio de flexibilidad: se limita a exponer que los condenados cuyos recursos hayan sido admitidos a trámite pueden ser excarcelados cuando hayan cumplido una parte sustancial de la condena, algo que obviamente sí ocurre en este caso, y con creces.
En su informe, el fiscal añade que el delito objeto de este recurso «es de gran trascendencia social, por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas, atendido asimismo el bien jurídico protegido que es la paz social».
En ambas demandas, el fiscal también se muestra contrario a conceder la suspensión de condena respecto de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público.
Al mismo tiempo, sin embargo, el fiscal solicita al tribunal que se dé la máxima celeridad y un carácter preferente a la tramitación de los mencionados recursos de amparo, dada la situación de privación de libertad de los demandantes.
Su posición fue hecha pública a través de una nota emitida por la propia Fiscalía General del Estado, dependiente de modo directo del Gobierno del PP.
Europa, en el fondo
El TC no tiene plazo tope para decidir al respecto. Si quisiera podría hacerlo en días, pero lo habitual es que se demore unos cuantos meses o incluso un año.
Cada día de retraso en la resolución aumentaría el escándalo en caso de que la sentencia condenatoria finalmente fuera revocada, ya que para entonces estaría prácticamente finiquitada.
Más allá de los tribunales españoles quedaría en este caso el recurso a Estrasburgo, que ya dio la razón a Otegi contra el Estado español hace un par de años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había vulnerado la libertad de expresión del líder de la izquierda abertzale al condenarle a un año de cárcel por «injurias» al Rey español. Otegi se había referido a Juan Carlos de Borbón en un acto público como «jefe de los torturadores». El recurso de la Abogacía del Estado también fue rechazado por Estrasburgo, que ni siquiera lo admitió a trámite.
Cabe recordar, además, que antes de llegar al TC el «caso Bateragune» ya suscitó amplias dudas en el Supremo. El magistrado Miguel Colmenero, designado inicialmente como ponente, fue reemplazado por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, tras no lograr recabar los apoyos suficientes para devolver la causa a la Audiencia Nacional.
Colmenero consideraba que el tribunal que juzgó el caso no fue imparcial. Entre otras cosas, su presidenta, Angela Murillo, preguntó a Otegi si condenaba a ETA, y tras negarse este a responderle, le espetó: «Ya sabía yo que no me iba a contestar».
La sala del Tribunal Constitucional encargada del caso se reunió este lunes y no prevé hacerlo de nuevo hasta dentro de dos semanas. Entonces podría decidir si los libera o no.
14 Octubre 2009
Arnaldo Otegi y sus compañeros son detenidos en una operación iniciada en la sede de LAB en Igara (Donostia). Además de los posteriormente encarcelados, se arresta a otros militantes independentistas. La operación es ordenada por el juez Baltasar Garzón. Según se reveló en el juicio por parte de los propios acusados, se desencadenó apenas horas después de que pusieran en circulación un documento de base para realizar un inédito debate interno en la izquierda abertzale, el denominado ``Argitzen''. En cualquier caso, la operación policial no logra impedir este proceso, que avanza sin sus impulsores y culmina cuatro meses después con la resolución ``Zutik Euskal Herria''.
27 Junio 2011
Se inicia en la Audiencia Nacional el juicio por el llamado «caso Bateragune», en un momento en que la situación política ha cambiado de modo radical, y precisamente gracias a la iniciativa de la izquierda abertzale. La vista oral se basa casi íntegramente en la credibilidad o no de ese giro estratégico de la izquierda abertzale.
16 Setiembre 2011
La Audiencia Nacional da por bueno el criterio de la Fiscalía de que los acusados actuaron a las órdenes de ETA y dicta graves condenas, de diez años de cárcel en el caso de Otegi y Díez y ocho en el de Rodríguez, Jacinto y Zabaleta. El exsecretario general de LAB es devuelto rápidamente a prisión, donde ya estaba el resto.
9 Mayo 2012
El Tribunal Supremo valida parcialmente la decisión de la Audiencia Nacional al mantenerles la calificación de pertenencia a ETA pero baja las condenas. La Fiscalía había planteado que se mantuvieran intactas. Pasan a seis años y medio en el caso de Otegi y Díez, y a seis en el del resto. El fallo es recurrido rápidamente.
8 Mayo 2013
Pasados once meses sin noticia alguna sobre el caso, hecho que es valorado con estupor por dirigentes diversos como Jesús Eguiguren (PSE), el Tribunal Constitucional anuncia que admite a trámite los recursos de las defensas de los cinco condenados. La primera decisión a tomar, antes del fallo final, es si son excarcelados o no.