Como era previsible dada la posición que ha adoptado en todo este proceso, la Fiscalía ha rechazado la petición de puesta en libertad hecha por las defensas de Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Rafa Díez después de admitirse a trámite sus recursos en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este criterio se convierte en claramente paradójico, porque al mismo tiempo el Ministerio Público reclama al TC que decida rápido sobre el fondo del asunto, y lo hace aludiendo a que los condenados se encuentran en prisión.

La contradicción aumenta de grado si se recuerda que casi todos ellos van camino de los cuatro años de cumplimiento efectivo de cárcel sobre un total de condena de entre seis y seis años y medio, es decir, casi dos tercios del total.

El pasado 9 de mayo el TC admitió a trámite los recursos, con lo que afronta definitivamente la revisión de este caso retenido en sus registros desde hace ya casi un año. En ese momento se abrió una pieza separada para estudiar si suspendía su estancia en prisión en tanto se resolvía el recurso. Por tanto, se ha pedido posición tanto a la Fiscalía como a las defensas.

El Ministerio Público argumenta que la doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto marca una frontera entre las penas cuya duración excede de cinco años, a las que no se aplicaría la suspensión, y las inferiores a cinco años, respecto a las cuales con carácter casi general se optaría por la excarcelación cautelar. Como quiera que han sido condenados a un año más que esa cota, plantea al tribunal que se deniegue la liberación de los cinco dirigentes independentistas.

El criterio y la ley

La Fiscalía recurre así a buscar cobertura en decisiones concretas de ese TC y no en la letra general de la ley. Y es que la norma general no impone un criterio cerrado, sino que da un margen amplio de flexibilidad: se limita a exponer que los condenados cuyos recursos hayan sido admitidos a trámite pueden ser excarcelados cuando hayan cumplido una parte sustancial de la condena, algo que obviamente sí ocurre en este caso, y con creces.

En su informe, el fiscal añade que el delito objeto de este recurso «es de gran trascendencia social, por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas, atendido asimismo el bien jurídico protegido que es la paz social».

En ambas demandas, el fiscal también se muestra contrario a conceder la suspensión de condena respecto de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público.

Al mismo tiempo, sin embargo, el fiscal solicita al tribunal que se dé la máxima celeridad y un carácter preferente a la tramitación de los mencionados recursos de amparo, dada la situación de privación de libertad de los demandantes.

Su posición fue hecha pública a través de una nota emitida por la propia Fiscalía General del Estado, dependiente de modo directo del Gobierno del PP.

Europa, en el fondo

El TC no tiene plazo tope para decidir al respecto. Si quisiera podría hacerlo en días, pero lo habitual es que se demore unos cuantos meses o incluso un año.

Cada día de retraso en la resolución aumentaría el escándalo en caso de que la sentencia condenatoria finalmente fuera revocada, ya que para entonces estaría prácticamente finiquitada.

Más allá de los tribunales españoles quedaría en este caso el recurso a Estrasburgo, que ya dio la razón a Otegi contra el Estado español hace un par de años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había vulnerado la libertad de expresión del líder de la izquierda abertzale al condenarle a un año de cárcel por «injurias» al Rey español. Otegi se había referido a Juan Carlos de Borbón en un acto público como «jefe de los torturadores». El recurso de la Abogacía del Estado también fue rechazado por Estrasburgo, que ni siquiera lo admitió a trámite.

Cabe recordar, además, que antes de llegar al TC el «caso Bateragune» ya suscitó amplias dudas en el Supremo. El magistrado Miguel Colmenero, designado inicialmente como ponente, fue reemplazado por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, tras no lograr recabar los apoyos suficientes para devolver la causa a la Audiencia Nacional.

Colmenero consideraba que el tribunal que juzgó el caso no fue imparcial. Entre otras cosas, su presidenta, Angela Murillo, preguntó a Otegi si condenaba a ETA, y tras negarse este a responderle, le espetó: «Ya sabía yo que no me iba a contestar».