En una resolución fechada el martes, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) entiende que está acreditada la vulneración del deber de secreto de proposición en el concurso público convocada por Leioa Kirolak, sociedad dependiente del Consistorio leioztarra, y señala a las empresas Arcain Ingeniería y Arquitectura SL y Aros Estudio de Arquitectura SA como los responsables, quedando libres otros implicados: el estudio de arquitectura Pujol SLP y la constructora Viuda de Sainz SA. Por todo ello, impone a las dos primeras firmas sendas multas de 89.000 y 45.000 euros, respectivamente.

En el dictamen, se incide en que el intercambio de información entre Arcain y Aros fue «una conducta consciente y voluntaria dirigida a alterar el mercado creado por la licitación generando una alteración grave de la competencia». Además, concluyen que esas infracciones no han prescrito.

Tras una prolongada tramitación, que comenzó en enero de 2011 con la denuncia de un arquitecto que se sintió perjudicado hasta la resolución del martes, ha quedado al descubierto la concertación de intereses que existía entre la asesoría técnica contratada por los gestores municipales -Arcain Ingeniería y Arquitectura SL- y una de las UTE que concurrió a la licitación. Asimismo, los instructores remarcan que con sus prácticas se perjudicó al interés público, en un proyecto que alcanzó los 59 millones de euros de presupuesto y no ejecutado.

No hay que pasar por alto que la AVC ordena a Leioa Kirolak que se abstenga de abonar cualquier tipo de indemnización o compensación por daños y perjuicios a las infractoras por la resolución del contrato o, en este caso, le insta a recuperar las cantidades ya abonadas.

En abril de 2012, con los votos a favor de PNV y EB, absteniéndose PSE y PP, el Consejo de Administración de Leioa Kirolak acordó abonar a las empresas implicadas 1,6 millones de euros, lo que fue calificado por Bildu de «actuación escandalosa e irresponsable». Los soberanistas apuntaron a la responsabilidad del entonces alcalde, Eneko Arruebarrena, hoy gerente de Metro Bilbao, que había encargado a un bufete de abogados un informe que justificara su trato de favor hacia esas firmas. A pesar de que Bildu insistió en solicitar la nulidad del contrato, no se le escuchó.