La Ley de consultas no refrendarias, uno de los puntos incluidos en el acuerdo de estabilidad firmado por CiU y ERC, llegó ayer por primera vez al pleno del Parlament de Catalunya, donde estas dos fuerzas, junto al PSC, ICV-EUiA y CUP, rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciutadans. En total, 104 diputados de un total de 135 decidieron dar luz verde a la tramitación de la nueva norma.

Sin embargo, los ponentes de la ley decidieron no presentar el texto ayer, por lo que la norma seguirá su tramitación parlamentaria, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible. La ley, que quedó muy avanzada en la anterior legislatura, permitirá convocar consultas no vinculantes a la Generalitat, a las instituciones locales y a las iniciativas populares -tendrá que pedirlo entre el 5 y el 10%-, y podrán votar todas las personas mayores de 16 años.

Pese a que la Ley va más allá del proceso soberanista actual -ya que regula consultas sobre cualquier aspecto-, resulta inevitable ligarla a dicho proceso, tal y como quedó patente ayer. La bancada unionista -28 diputados- acusó a los ponentes de la ley de querer utilizar la consulta como mecanismo para ejercer la autodeterminación, algo que, según ellos, sobrepasa las competencias de la Generalitat. Pero los diputados de PP y Ciutadans lanzaron la mayoría de dardos al PSC, entre cuya base quieren pescar votos, aprovechando su indefinición ante el proceso soberanista catalán.

El PSC, sin embargo, se mantuvo en la defensa de la ley de consultas, por lo que se espera que la norma quede aprobada antes del parón estival. Así se cumplirá el tercer punto del acuerdo de legislatura entre CiU y ERC, después de la Declaración de Soberanía y la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional -también se han impulsado la declaración, la comisión parlamentaria y el pacto nacional sobre el derecho a decidir, sin que estuviesen en el pacto de legislatura-.

Se trata, además, de la segunda ley de consultas que aprueba el Parlament. La anterior regulaba las consultas vinculantes, para las cuales contempla la petición de permiso al Estado. Sin embargo, esta norma se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional, a la espera de una sentencia definitiva. De hecho, otro de los puntos previstos en la hoja de ruta del proceso soberanista es pedir que se levante el veto sobre esta ley, para poder realizar una petición formal al Estado.