La práctica de abortos en la red sanitaria pública navarra sigue siendo prácticamente nula, según destacó ayer la Asamblea por el Derecho al Aborto en Nafarroa, que se congratuló de que la Cámara de Comptos hiciera recientemente un informe en el que recomendaba que las interrupciones voluntarias del embarazo se llevaran a cabo en Osasunbidea porque su coste es menor para las arcas públicas y se garantizan mejor los derechos de las mujeres.

Los datos son contundentes. Según el Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2011 en Nafarroa se practicaron 844 abortos. De ellos, solo tres se hicieron en un centro público. Traducido a porcentajes, el 99,64% de los abortos realizados en Nafarroa se hicieron en centros privados.

Paradójicamente, las mujeres que posteriormente realizaron abortos en los centros privados acudieron mayoritariamente a centros públicos para recibir información. El 86,37% de las mujeres que posteriormente abortaron en Nafarroa acudieron en primera instancia a los centros públicos, siendo posteriormente derivadas a los privados.

«Es de suma importancia que los centros de referencia donde acudan las mujeres a informarse sobre al aborto sean públicos», destacaron Oihana López y Elena Lakabe, integrantes de la Asamblea por el Derecho al Aborto en Nafarroa.

En este sentido, subrayaron que el 52,56% de los abortos practicados en Nafarroa en 2011 se llevaron a cabo mediante el método farmacológico, destacando que se trata de un método poco agresivo que se puede dispensar desde los centros de atención a las mujeres o centros de planificación, sin necesidad de acudir a un centro hospitalario. La asunción de estos abortos por parte de la sanidad pública no requeriría, por tanto, una alta exigencia técnica.

«No hay ninguna razón que impida realizar los abortos en la red pública», insistieron López y Lakabe, que destacaron que en Nafarroa únicamente hay un médico que se ha inscrito en la lista de objetores al aborto.

En este sentido, subrayaron la importancia del informe de la Cámara de Comptos, ya que asume reivindicaciones que han sido históricamente defendidas por el movimiento feminista en Nafarroa.

Informe de Comptos

«En primer lugar, hace un estudio exhaustivo y riguroso sobre los costes de las intervenciones en la clínica privada de Antsoain [única que realiza abortos en Nafarroa], y llega a una conclusión: es sustantivamente más caro lo que se paga a los centros privados por las prestaciones y servicios que debe hacer la sanidad pública que realizarlos en los centros públicos propios», explicaron.

La segunda conclusión del informe de la Cámara de Comptos también entronca con las reivindicaciones feministas, ya que señala que la realización del aborto en la sanidad pública «garantiza mejor los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo y sexual».

La tercera conclusión de Comptos es también importante para la Asamblea por el Derecho al Aborto de Nafarroa, ya que destaca que el 38,7% de las mujeres que realizaron un aborto no utiliza métodos anticonceptivos. Este dato subraya la importancia de reforzar los programas de educación sexual dirigidos a las mujeres más jóvenes.

«Desde la Asamblea por el Derecho al Aborto nos felicitamos por poner en el candelero de nuevo tres de nuestras reivindicaciones importantes en el campo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: aborto libre y gratuito en los centros de salud públicos y unas políticas de educación sexual y reproductiva dirigidas especialmente a los sectores más afectados, como son las jóvenes», señalaron las portavoces de la Asamblea.

Otro dato significativo que ayer subrayaron las integrantes de la Asamblea por el Derecho al Aborto de Nafarroa fue que el 36% de los mujeres que recurrieron a esta práctica fueron inmigrantes llegadas de países del sur empobrecido. La tasa de inmigración en Nafarroa se sitúa en el entorno del 10%, por lo que este porcentaje muestra que el aborto está mucho más extendido en este grupo de población que en el conjunto de los habitantes.

Inmigrantes

«Esto, en el caso de las que están censadas o tienen papeles. No disponemos de otros datos, pero habría que tener en cuenta que muchos abortos se realizan de manera clandestina», alertaron. Los abortos entre la población inmigrante son, seguramente, más que los que aparecen en las estadísticas oficiales.

López y Lakabe también destacaron el dato de que la mayoría de las mujeres (un 87,78%) interrumpen el embarazo en las primeras doce semanas de gestación, entrando dentro del motivo definido como «a libre petición de las mujeres» que está permitido en las primeras catorce semanas.

Junto a ello, el 90,87% de los abortos se realizan a petición de la mujer. «Es fundamental este dato, ya que tenemos que tener en cuenta que el aborto sin alegar causa es legal hasta la semana catorce. Es decir, las mujeres no tienen que dar ningún tipo de explicación y pueden actuar menos presionadas, con menos cargas e interrumpir el embarazo de manera más libre», explicaron.

Precisamente este es uno de los puntos que se quieren eliminar en el proyecto de ley sobre el aborto que está impulsando el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. «El PP, jaleado por la Iglesia católica y los sectores más ultraconservadores que lo apoyan, comienza una ofensiva contra las mujeres», alertaron López y Lakabe.