energía nuclear
El CSN cede ante Nuclenor y deja Garoña abierta otro año más
Rechazo unánime de instituciones y partidos vascos. La decisión permite a las eléctricas seguir negociando las condiciones de explotación.
Imanol INTZIARTE |
El anhelado cierre de Garoña se hará de rogar aún. Tras varios días de deliberaciones, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio ayer luz verde a la petición de Nuclenor de contar con un año más para analizar y decidir si pide la prolongación de la vida útil de la central, cuya licencia de explotación expira el próximo 6 de julio.
La empresa, conformada al 50% por Endesa e Iberdrola, había presentado una solicitud en dicho sentido al Ministerio de Industria y Energía, y este la había trasladado al CSN el pasado 16 de mayo para que emitiese su preceptivo informe, que deberá estar listo antes del 1 de junio.
Los dos consejeros designados por el PP, Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), y el de CiU, Antonio Gurrí, votaron a favor de la petición de Nuclenor, mientras que lo hicieron en contra las consejeras del PSOE, Rosario Velasco y Cristina Narbona.
La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Ejecutivo del PP revocó la decisión y se mostró favorable al alargamiento de su vida útil.
Posteriormente, Nuclenor se negó a solicitar una prórroga hasta 2019 por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos, que según sus cifras le obligaría a pagar 153 millones de euros.
En diciembre de 2012, Garoña se desacopló de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento. En principio, su pretensión durante este período de análisis es continuar sin producir energía y permanecer en parada fría.
En las últimas semanas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, había insistido en que si el CSN -máximo órgano en materia de seguridad y protección radiológica del Estado español-- era favorable a la demanda de Nuclenor, también lo sería el Gobierno de Madrid.
Según informó el CSN mediante un comunicado que se puede consultar en su página web -www.csn.es- la autorización está supeditada a que Garoña mantenga durante ese tiempo «en cualquier caso» la situación de «parada segura y sin combustible en el reactor».
Para que Garoña pudiera realizar una hipotética carga del combustible, además de solicitar permiso tendría que realizar las modificaciones de diseño requeridas y establecidas en los anteriores informes del Consejo de Seguridad Nuclear, así como en las instrucciones técnicas complementarias.
Estas instrucciones están relacionadas con los programas de mejora de la seguridad relativos al diseño, instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, las modificaciones sobre el aislamiento de la contención y sus pruebas de fugas, las modificaciones sobre la independencia de los sistemas eléctricos y las modificaciones sobre protección contra incendios.
Entre las condiciones para retomar la actividad estaría también que «se mantenga el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear Fukushima Dai-ichi, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN».
También se recuerdan los defectos hallados en junio de 2012 en la vasija de la central belga de Döel 3, por lo que se debería llevar a cabo una inspección de la vasija burgalesa para descartar fallos similares.
Como último punto, en ese caso el CSN exigiría que «se lleve a cabo un programa de inspección de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija, y en general de todos los componentes internos sometidos a la inspección de servicio».
Narbona denuncia presiones
La consejera de CSN Cristina Narbona denunció las presiones ejercidas por el Gobierno del PP para que este organismo se pronunciase «en un tiempo y de una forma intolerable» respecto a la solicitud de Nuclenor. En declaraciones a Europa Press, la exministra de Medio Ambiente (2004-2008) indicó que el lunes hará público un texto en el que explicará su voto negativo y el de su compañera Rosario Velasco.
Narbona trajo a colación que el CSN ya estaba ultimando su informe sobre el cese de la explotación para remitirlo al Ministerio de Industria. «Esto supondría el fin de Garoña y el inicio de una nueva fase de cese de la central», ha añadido.
En cualquier caso, Nuclenor hubiera podido pedir una nueva licencia. Esta habría sido la solución «acorde a las normas, los procedimientos, la práctica habitual y respetando el organismo regulador», manifestó. «Es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías», agregó.
A juicio de Narbona, todo lo acontecido supone «una gravísima pérdida de credibilidad» del CSN en el ámbito internacional. Además, considera que «ahora se tiran al water» más de 3.000 horas de trabajo llevadas a cabo por los técnicos para realizar los informes de cese de explotación.
La iniciativa Araba Sin Garoña ha convocado para este mediodía (12.00) una concentración frente a la Diputación Foral de Araba para exigir el cierre definitivo de la central nuclear.
El CSN está formado por cinco consejeros; dos del PP, dos del PSOE y uno de CiU. Conocidas las posturas de las dos formaciones mayoritarias, la pelota estaba en el tejado de la formación catalana.
Nuclenor emitió una nota en la que califica de «positiva» la decisión del CSN, pero añade que aguardará a la «respuesta oficial» de Industria antes de posicionarse ante el nuevo escenario.
La decisión del CSN generó en Euskal Herria una oleada prácticamente unánime de reacciones críticas. Comenzando por el Gobierno de Lakua, cuya consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, tachó de «obsoleta» la central de Garoña, ya que «con sus 43 años de explotación ha sobrepasado el umbral de su vida útil de funcionamiento». El Ejecutivo del PNV insistió en demandar el cierre y anunció que pedirá al Ministerio de Industria compensaciones económicas para los pueblos vascos cercanos.
Desde la Diputación alavesa, el diputado general Javier De Andrés (PP) ya anunció el jueves que pedirá cuentas a su compañero José Manuel Soria, titular de Industria.
No se quedaron atrás las otras dos grandes formaciones políticas. Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu, opinó que esta concesión a Nuclenor es «la peor noticia para el necesario cambio al modelo energético renovable. Una vez más, ha quedado claro que las decisiones sobre el sistema energético se toman ateniendo a intereses privados». Por su parte, el PSE registró una moción para que el Parlamento de Gasteiz se pronuncie una vez más en contra de la continuidad de la planta, reclame al Gobierno de Madrid que rechace las pretensiones de Nuclenor y exija el cierre inmediato y el desmantelamiento de Garoña.
Rotunda fue asimismo la postura de las organizaciones ecologistas, que exigieron como una sola voz el cierre inmediato y definitivo de la planta nuclear. Araba Sin Garoña tildó lo acontecido durante esta semana de «teatro de mal gusto donde se ha puesto en juego el futuro, la salud y la vida de quienes vivimos en el ámbito de acción de la vetusta central».
Este organismo denunció la «sumisión» del poder político ante las empresas energéticas y recordó como ejemplos los nexos de Endesa con José María Aznar (PP) o Miquel Roca (CiU), por lo que instó a la Fiscalía «para que actúe de oficio por un posible caso de prevaricación». Araba Sin Garoña remarcó que la central «ni es necesaria por su aportación energética ni por reducir el costo de la factura eléctrica, ya que en los últimos seis años el recibo de la luz ha subido un 70%, con ella en funcionamiento, y ha bajado el último trimestre un mísero 6% con la central cerrada».
El término «teatro» fue también empleado por Eguzki para definir la actuación del CSN, que ha ratificado «la denuncia que venimos realizando años y años de falta de legitimidad de este órgano, por no ser independiente, ni valorativo, ni de seguridad, defendiendo intereses del lobby nuclear y del Gobierno español».
Greenpeace anunció que incluirá «esta vulneración del proceso reglamentario» en la denuncia que mantiene abierta ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria por su revocación del cierre. «Si el ministro rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales». El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, se preguntó que negocian Nuclenor y el Gobierno para dar «tan lamentable espectáculo». I.I.
