Después de demorar la decisión durante unos cuantos días, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado conceder a la central de Garoña un año más de plazo para considerar la prórroga de su actividad. De esta forma, este organismo confirma su papel meramente avalista de los intereses del lobby energético y hace caso omiso a lo que con el tiempo se ha convertido en un clamor en la sociedad vasca. Además de mantener, como si de una alargada sombra se tratara, el peligro que representan siempre unas instalaciones atómicas, más aun unas tan obsoletas y problemáticas como las burgalesas, el resultado de la votación constituye también una muestra de absoluto desdén a la posición unánime de todos los agentes de este país.

En este sentido, resulta especialmente llamativa y dolorosa la actitud del consejero de CiU Antonio Gurrí, cuyo voto decantó ayer el debate a favor de las tesis de Nuclenor. Es inconcebible que el representante de una formación que en su país está abanderando la exigencia del derecho a decidir y que está organizando desde el Gobierno una consulta para que la sociedad catalana se exprese sobre su propio estatus, se arrogue la capacidad de determinar que los ciudadanos y ciudadanas vascas tengan que convivir con una central nuclear en contra de su voluntad. Toda una demostración de incoherencia y desfachatez la del convergente.

Con todo, la decisión del CSN es también una oportunidad para que este pueblo se exprese como tal y haga valer su posición. Probablemente en estos momentos hay pocos asuntos que superen las barreras partidistas e ideológicas con tanta nitidez como la que se refiere a Garoña. Al menos de palabra, todos los grupos políticos, así como los organismos sociales que han expresado su opinión al respecto, han abogado por el cierre de la central sin más demora. Si por una vez los hechos acompañaran a las palabras, Madrid se cuidaría mucho de abrir un frente de consecuencias impredecibles.