La Fiscalía y la acusación particular insisten en su petición de que la Audiencia Nacional española celebre el juicio contra cuatro ciudadanos vascos a causa de las tres tartas que lanzaron contra la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, para protestar contra la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV). Ambas partes mantuvieron ayer su postura durante la vista de previo pronunciamiento que tuvo lugar ayer en la AN.

La defensa de los cuatro, ejercida por Gonzalo Boyé, calificó de «desproporcionada» la petición de cinco años de cárcel y recordó que el Ministerio Público está actuando en contra del criterio que mantuvo en otros casos, donde defendió que hechos como este, ocurridos fuera del Estado español, debían de ser juzgados en el lugar donde sucedieron. Ahora, la decisión está en manos del tribunal, que dispone de cinco días para comunicarla.

La acción de protesta tuvo lugar el 27 de octubre de 2011 en Toulouse (Estado Francés), donde ya fue investigado y archivado. Por este motivo, el letrado de los cuatro imputados (Gorka Ovejero, Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Álvarez) consideró que se trata de una «cosa juzgada», por lo que no cabría un nuevo procedimiento. Además, rebatió el cambio de criterio de la Fiscalía, que en otras denuncias como las relacionadas con los presos de Guantánamo o ataques israelíes contra Gaza ha considerado que prevalecían las pesquisas realizadas en el lugar donde ocurrieron los hechos. Un planteamiento que no sostiene ahora, ya que demanda que sea la Audiencia Nacional quien se haga cargo de la investigación, tal y como reiteró ayer la fiscal Blanca Rodríguez.

Otro de los puntos censurados por parte de la defensa es el papel de la Policía Foral. Según Boyé, la instrucción sobre las tartas fue elaborada por agentes de Nafarroa, que no tienen competencias en el Estado francés.

La última decisión la tiene ahora la Sala, compuesta por Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Póveda y Manuela Fernández de Prado como ponente. En caso de que los togados decidan seguir adelante con el juicio, Boyé anunció su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Defensa del TAV

Coincidiendo con la celebración de la vista, la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, aprovechó para considerar que los hechos «no debían haber sucedido porque implican falta de respeto a la autoridad». Preguntada por los periodistas, la jefa del Ejecutivo no quiso valorar la proporción de la petición de cárcel. Sin embargo, sí que entró en el fondo de la protesta, la construcción del TAV en Nafarroa, cuyo trazado ha quedado limitado a la conexión entre Iruñea y Castejón.

Barcina quiso hacer frente común con el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, recordando que ambas formaciones son las únicas que defienden una infraestructura casi descartada por la actual situación económica en el Estado español.

Pese a ello, la presidenta insistió en su apuesta por el TAV, respondiendo así a la reunión ofrecida por Jiménez para abordar el nuevo trazado presentado por el Ejecutivo de Iruñea, que prevé un tercer carril al que, en un principio, el PSN se opone. «Aquellos partidos que están en contra del progreso en nuestra Comunidad están en contra de que se pueda realizar esta infraestructura», insistió Barcina, obviando que incluso Madrid se ha apartado de esta opción.