El juez instructor del «caso Nóos», José Castro, decidió ampliar y profundizar la investigación sobre la participación de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin, para aclarar si cometió delitos fiscales o de blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado número 3 de Palma dictó ayer un auto en el que ordenó a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y reclamó también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.

Según se desprende de las declaraciones de la renta que la Agencia Tributaria (AEAT) aportó al juez Castro, filtradas por una agencia de noticias, la infanta pasó de percibir 162.360 euros en 2008 en concepto de retribuciones dinerarias por rendimientos de trabajo a un total de 311.169 un año después.

En concreto, la AEAT se remonta al año 2002 a la hora de analizar la tributación del Impuesto sobre la Renta por parte de la hija del rey, un periodo en el que presentó como rendimientos del trabajo 147.000 euros. En 2010, el último ejercicio estudiado, la cantidad asciende a 319.298 euros.

Antes de que se filtraran estos datos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió de que, en todo caso, será la propia Agencia Tributaria la que «marcará el terreno de juego, como lo ha hecho anteriormente respecto de otras personas a las que ha permitido la imputación del delito fiscal».

El diputado de IU Gaspar Llamazares denunció los intentos que existen para desactivar la investigación.