(...) La corrupción en España no es, sin embargo, un problema reciente, ni es privativo de un partido político o de nivel de gobierno en particular. Al contrario, dicho flagelo ha afectado a regímenes nacionales y comunitarios emanados tanto del PP como del PSOE en distintos momentos de la transición (...).

La persistencia y agudización de dicho flagelo en el presente, cuando el gobierno de Rajoy enfrenta una exasperación social sin precedentes por la destrucción del estado de bienestar operada desde el poder público, hace particularmente incomprensible el empeño de la clase política española y de buena parte de la sociedad por fingir que en el país ibérico prevalece una normalidad democrática y un pleno estado de derecho. Tal desfase entre la realidad y la percepción de los gobernantes queda exhibido, por lo demás, en el contraste entre el dispendio y el boato con que se regala la clase política española y el anuncio de medidas adicionales de sacrificio de las mayorías (...).

En el plano internacional, la circunstancia que enfrenta la España contemporánea desacredita las descalificaciones y los insistentes señalamientos de gobiernos y medios ibéricos en torno a la presencia de corrupción y otros rezagos culturales, sociales y económicos en países de América Latina.

Sin desconocer la presencia de ese tipo de flagelos en la región, es claro que la antigua metrópoli difícilmente puede presentarse como punto de referencia para sus ex colonias: el supuesto desarrollo económico alcanzado por la nación ibérica en los años posteriores a la dictadura resultó una ficción, como lo demuestra la aguda crisis del momento actual, en tanto que la pretendida madurez institucional y democrática tan pregonada por los gobernantes de Madrid queda en entredicho ante la corrupción y venalidad en que se encuentran inmersos las entidades y los funcionarios que componen el orden institucional legado por la transición que se inició hace más de tres décadas en el país europeo.