Los condenados por violencia machista que cumplan su condena tendrán libertad vigilada para evitar que reincidan. La manipulación de dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas por maltrato será delito. Y otro tanto ocurrirá con el «acoso, hostigamiento y acecho a una persona que altere gravemente» el desarrollo de su vida cotidiana. Estas son algunas de las principales propuestas recogidas en la Estrategia de Erradicación de Violencia de Género, avanzadas ayer en Madrid, tras una semana en que se han producido cuatro muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en el Estado.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, informó que la extensión de la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género estará incluida en la reforma del Código Penal y entrará en vigor aproximadamente en setiembre u octubre, una vez los ministerios de Interior y Justicia e Instituciones Penitenciarias cierren el acuerdo.

En esta misma línea, Moreno señaló la necesidad de establecer protocolos con Instituciones Penitenciarias para informar a las víctimas y a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicados en su seguridad de dónde se encuentra el maltratador o cuánto dura su permiso. La propuesta podría emplear controles telemáticos.

En el apartado de los menores, el plan reitera la necesidad de definir a los hijos e hijas de mujeres que sufren violencia sexista también como víctimas, de modo que «serán destinatarios de la máxima atención y protección».

En este apartado también se recoge el establecimiento de unas pautas comunes entre las comunidades autónomas para una atención de carácter «individualizado».

Preguntado sobre si la estrategia contempla la retirada del régimen de visitas o la custodia de los hijos al maltratador, Moreno señaló que, en estos momentos, el Ministerio de Sanidad tiene un «diálogo abierto» con el de Justicia porque es una medida a revisar, si bien aún no hay nada concreto.

Para la protección a víctimas de tratas, la estrategia también considerará delito los matrimonios forzados. Además, buscará reforzar la protección a colectivos más desfavorecidos como las personas con discapacidad, mayores de 65 años, inmigrantes o personas de entornos rurales. Junto a todo ello, según adelantó, se mantendrán las ayudas económicas a las maltratadas que tengan menos recursos.

El PP implantará todas estas medidas gracias a su mayoría absoluta en el Congreso.

Ataque en Hondarribia

Mientras tanto, ayer en Euskal Herria volvió a producirse un ataque machista. Un hombre de 45 años fue detenido por agentes de la Ertzaintza en Hondarribia acusado de agredir a su compañera y amenazarla con unas tijeras, informó el Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua.

Siempre según esta fuente, los hechos se produjeron sobre las 7.00 horas de ayer, cuando una patrulla de la Ertzaintza localizó en la calle Santiago a una mujer que presentaba diversas contusiones en la cara.

La víctima confirmó a los agentes que las lesiones se las había provocado, tras una discusión, su compañero sentimental, quien se encontraba en las inmediaciones y que también la había amenazado con agredirle con unas tijeras.

El varón fue arrestado y la mujer trasladada al ambulatorio de Irun para ser atendida de las lesiones que presentaba.