Por mucho que el portavoz del PSE, Alfonso Gil, tratase de justificar su decisión atendiendo a la «ética democrática», lo cierto es que su grupo sacó de un apuro al PNV, necesitado de 15 votos para seguir adelante con la modificación del Plan General que establece la recalificación del solar de Panera, en Uribarri.

Con 14 apoyos, por la ausencia del alcalde por su delicado estado de salud, fue el propio Iñaki Azkuna -según desveló el delegado de Urbanismo, Ibon Areso- el que solicitó al PSE ese gesto. Los jeltzales están empeñados en que ese asunto siguiera adelante, especialmente después de que, por primera vez desde su constitución en enero de 2009, el Consejo Asesor de Planeamiento emitiese un dictamen negativo a la propuesta del equipo de Gobierno.

Frente a la petición de los herederos de la constructora, que reclaman 18 millones de euros a las arcas municipales después de que el Tribunal Supremo les declarase «legítimos» propietarios del solar de 3.500 metros cuadrados, el PNV está dispuesto a permitir que se edifique un bloque de viviendas de 20 pisos, que se sumaría a los cuatro existentes. La implicación de Azkuna en este asunto le ha llevado a reprender al representante del Colegio de Arquitectos por posicionarse en contra de una recalificación que colmatará una zona de la villa con una densidad edificatoria alta.

«Hemos tomado la decisión por absoluta convicción y siendo absolutamente conscientes de lo que hacemos», manifestó Gil. La votación se efectuó de manera nominal para que su compañero Lorenzo Delgado secundase al PNV, obviando a los 1.143 vecinos de Uribarri que se oponen a la construcción de un quinto rascacielos en el terreno de Tomas Zubiria e Ibarra, junto al parque Etxebarria.

Intercambio de gestos

Mucho le va a costar al PSE explicar por qué prestó un voto cuando el Gobierno municipal podía haber aplazado el debate de ese punto, como lo ha hecho con la ordenanza relacionada con los locales de culto religioso. Detrás de ese respaldo se encuentra el acercamiento de posiciones entre PNV y PSE, que se escenificó en el plan de desarrollo urbanístico de la Punta de Zorrotza, que incluirá «proyectos económicos sostenibles», o la extensión de la implantación del quinto contenedor a toda la capital vizcaina.

Para tratar de maquillar ese consenso, Alfonso Gil defendió que «no es ético ni justo, ni por supuesto democrático, que en el pleno alguien se aproveche de la enfermedad de uno de sus miembros, y en especial de nuestro alcalde, para saltarse el mandato de las urnas».

Ante la ausencia de Bildu en la sesión plenaria de ayer, porque secundó la huelga general, fue el PP quien arremetió contra el gesto del PSE, confesando su «sorpresa». Cristina Ruiz, que destacó que existe un gran debate ciudadano sobre esta recalificación urbanística, comentó que su partido «no tiene por qué avalar con su voto un cúmulo de errores técnicos, jurídicos, políticos... que hoy nos traen a esta situación».

«No queremos dar un voto favorable, a pesar de ser conscientes de que no es fácil decidir entre algo malo o algo peor», señaló, en referencia a la amenaza de los herederos de Panera de reclamar al Consistorio los 18 millones de euros.