Beatriz, nombre figurado, tiene 22 a�os. Con un hijo de un a�o que requiere de cuidados especiales al haber nacido prematuramente - a los siete meses de gestaci�n- y con escasos recursos econ�micos, su vida corre un serio riesgo en caso de continuar con su segundo embarazo. Sufre lupus, una enfermedad que desgasta el sistema inmunol�gico, e insuficiencia renal. Adem�s, el beb� que espera no tiene posibilidad alguna de que sobreviva fuera del vientre materno porque no tiene cerebro.

El 14 de abril, los m�dicos que la atienden advirtieron que era necesaria la interrupci�n del embarazo porque, de lo contrario, podr�a fallecer por una hemorragia obst�trica grave, por el agravamiento del lupus, un empeoramiento del fallo renal o por una preeclampsia que se puede manifestar a trav�s de una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar.

Pero, las leyes en El Salvador, donde la Iglesia ejerce una fuerte influencia, proh�ben el aborto en todos los supuestos, con elevadas penas de c�rcel.

El caso de Beatriz ha tenido una amplia repercusi�n en el pa�s centroamericano y a nivel internacional. La propia ministra de Salud, Mar�a Isabel Rodr�guez, la Comisi�n Nacional de Bio�tica, Amnist�a Internacional y la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron la intervenci�n del Estado salvadore�o para salvar la vida de esta joven, a quien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha denegado la demanda de amparo que hab�a presentado contra el director y el jefe de perinatolog�a del Hospital Nacional de Maternidad, en el que est� ingresada, por vulnerar su derecho a la vida y a la salud.

Tres de los cinco magistrados de la Sala han concluido que la Constituci�n otorga protecci�n a la persona humana �desde el instante de la concepci�n� y que �los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa�.

Sin embargo, ayer la CIDH emiti� medidas provisionales a favor de la joven y pidi� que se le practique el aborto terap�utico, dejando sin efecto la resoluci�n de la Sala Constitucional. La CIDH exigi� al Estado que adopte �de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud� de la mujer.