La vicepresidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, y su director general, Antton Lete, acudieron ayer al mediodía al Palacio de Justicia de Donostia para presentar una demanda judicial contra La Caixa y Banesto por la «mala interpretación» del contrato del producto financiero especulativo de alto riesgo denominado swap, firmado en la anterior legislatura por los gestores jeltzales.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar la demanda en la Audiencia de Gipuzkoa, Intxaurrandieta explicó que las dos entidades financieras están cobrando al Consorcio los intereses correspondientes a las cantidades que tenían previsto prestar para la construcción de las infraestructuras de tratamiento de residuos de Zubieta, entre ellas la incineradora, y no sobre la cantidad realmente utilizada.

Intxaurrandieta y Lete acudieron a interponer la denuncia a la sede judicial con dos grandes cajas con documentación, cumpliendo así con la decisión adoptada en febrero por la Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Tras las elecciones municipales y forales de 2011, el Consorcio decidió no construir la incineradora, por lo que únicamente se han gastado 9,7 millones de euros en los movimientos de tierra en Zubieta, mientras que, en virtud de la interpretación que las entidades bancarias hacen de estos contratos swap, se están cobrando los intereses correspondientes a 125 millones de euros, que son los que se deberían haber utilizado si no se hubiera paralizado el proyecto.

La vicepresidenta de GHK explicó que hasta hace unos meses pagaban 300.000 euros al mes en intereses, pero como se trata de un producto que juega en Bolsa, en estos momentos se elevan a 400.000 euros mensuales. Por ello, Ainhoa Intxaurrandieta alertó de que «estos swap, tristemente conocidos por su alta toxicidad y su valor especulativo, nos van a llevar a tener unas pérdidas de 60 millones de euros».

Insistió en que se supone que tenían que pagar intereses de lo dispuesto no amortizado, es decir, del dinero que se ha empleado y no se ha devuelto. Sin embargo, están pagando los intereses sobre un dinero que no han utilizado.

La firma de Carlos Ormazabal

Intxaurrandieta recordó que estos contratos se firmaron cinco días antes de las elecciones forales y municipales de 2011 y «a espaldas del Consejo de Administración» del Consorcio, cuando era previsible un vuelco en el panorama institucional de Gipuzkoa, como así sucedió al convertirse Bildu en la primera fuerza política del herrialde.

En los primeros meses de 2011 el entonces diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, el jeltzale Carlos Ormazabal, y el director del Consorcio, Joxi Etxezarreta, aprobaron estos compromisos sin informar al Consejo de Administración, tal y como ya informó en su día GARA.

En el documento se refleja que el 3 de febrero de 2011 «la Asamblea del Consorcio, sin que exista informe jurídico ni de la intervención del Consorcio, aprobó los contratos de financiación pero ningún contrato de permuta financiera».

La Asamblea precisó además que, de producirse modificaciones «sustanciales», deberían ser sometidas a «una nueva aprobación de la Asamblea General en el plazo de un mes». Ese mismo día, el Consejo de Administración de GHK otorgó a Ormazabal y a Etxezarreta poderes «para la realización de actuaciones relacionadas con la operación de financiación».

Es decir, se autorizó a ambos para firmar en nombre de GHK «cualquier contrato, incluyendo derivados financieros, sin límite de cuantía», pero con la obligación de informar y someterlo a la decisión de la Asamblea si se producían cambios de calado. «Esto nunca se produce, nunca se da cuenta de modificaciones», sentenció un informe.

Seis días después, el 9 de febrero de 2011, Ormazabal y Etxezarreta firmaban un documento «denominado `Ficha de Cobertura', en el que se fijan las normas para la contabilización del producto financiero derivado».

Además de contra Banesto y La Caixa, la demanda judicial incluye también a la consultora Price Waterhouse, que asesoró en esta operación tanto a los dos bancos como al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

La vicepresidenta de Consorcio de Residuos de Gipuzkoa sostuvo en sus declaraciones que en la actual situación de crisis económica le parece «totalmente injusto» que se juegue y especule con dinero público «a favor de los grandes bancos como son La Caixa y Banesto».