Si los estados miembros de la Unión Europea parten de historias y de modelos sociales diferentes, los desafíos a los que se enfrentan hoy en día les son comunes. Tres temas pueden ilustrar esta convergencia de las problemáticas: las consecuencias sociales de la globalización, el envejecimiento demográfico y la conciliación de la vida familiar y profesional.

Así, desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, la construcción comunitaria ha sido una poderosa fuerza motriz a favor del librecambio. En su seno, la libre circulación de los bienes y servicios es un principio fundamental, cuyo alcance ha sido constantemente reforzado, sobre todo por la ratificación del Acta única europea el 17 de febrero de 1986 y posteriormente por la aprobación de la «directiva Bolkestein».

Respecto al resto del mundo, el balance es más matizado porque unas políticas proteccionistas han sido puestas en marcha en ciertos ámbitos, especialmente en materia agrícola. Pero la política agrícola común (PAC), que es de la competencia exclusiva de la Comunidad Europea, ha contribuido globalmente a una bajada continua de las barreras arancelarias. Esta notable apertura comercial es fuente de aceleración de las mutaciones económicas, dado que la división internacional del trabajo conduce en cada Estado a una especialización y a unas adaptaciones más frecuentes del aparato productivo. Estas mutaciones imponen unos esfuerzos de adaptación y de formación más importantes e incrementan el riesgo de desclasificación de una parte de la población activa, que ya no encuentra su lugar en las actividades económicas así trasformadas.

Por lo tanto, las políticas sociales comunitarias han sido concebidas desde el origen como un instrumento de acompañamiento de la apertura comercial. Como presidente de la Comisión, Jacques Delors consideraba que la reactivación del mercado interior debía tener como contrapartida una profundización de la dimensión social de la construcción europea. Más recientemente, un «fondo europeo de ajuste a la globalización» (FEG) ha sido creado por el reglamento del 20 de diciembre de 2006, sobre el modelo norteamericano del Trade Ajustment Act. Dotado de 500 millones de euros anuales, el FEG apoya unas acciones de reconversión a favor de los trabajadores cuyo despido está vinculado a la globalización.

Asimismo, el envejecimiento demográfico es un proceso que afecta al conjunto de los países desarrollados y que se extiende desde hace poco a ciertos países en vía de desarrollo. No en vano, es especialmente agudo en el seno de la Unión Europea, como consecuencia de la escasa natalidad de varios estados, entre los cuales se encuentran Alemania, Italia, España y la mayoría de los nuevos estados miembros. Aunque otros países se hallen en una mejor situación (Francia, Irlanda y los países escandinavos), el índice coyuntural de fecundidad media de la Unión se establece en 1,5 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de renovación generacional que se sitúa en 2,1. La Comisión prevé que la población en edad de trabajar (15-64 años) debería disminuir de 48 millones de personas entre 2010 y 2050, y que el ratio de dependencia (relación de la población mayor de 65 años con la población en edad de trabajar) debería ser multiplicado por dos, pasando de uno para cuatro a uno para dos. Semejante evolución tiene implicaciones comunes para todos los estados miembros: un crecimiento potencial menor y una necesidad de financiación de los sistemas de protección social superior.

La exigencia de una mejor conciliación de la vida familiar y profesional resulta en parte del envejecimiento de la población. De hecho, el declive demográfico puede ser limitado por una recuperación de la natalidad y, en sociedades en las cuales el empleo femenino se ha convertido en la norma, esta se halla subordinada a la posibilidad para ambos padres de conciliar su vida profesional con la educación de sus hijos. Pero es igualmente una condición de la igualdad de las remuneraciones y de las carreras tanto de los hombres como de las mujeres, principio contemplado desde el tratado de Roma de 1957 y que forma parte de la aspiración a una mejor calidad de vida.

En esta perspectiva, el Consejo europeo de Barcelona de marzo de 2002 ha previsto que cada Estado se comprometa a que los servicios de atención sean accesibles al 90% de los niños que tienen entre 3 y 6 años y al 33% de los niños de menos de 3 años para 2010. El acuerdo-marco del 14 de diciembre de 1995 sobre el permiso parental, el primer acuerdo interprofesional europeo, persigue el mismo objetivo. Prevé que cualquier padre goce del derecho de tomar un permiso de tres meses durante los primeros años de vida del niño, con la garantía de reencontrar su trabajo o un empleo equivalente al término de su permiso.

En este sentido, más allá de las diferencias que separan los países del norte y del sur de Europa, se enfrentan a retos comunes que deben afrontar juntos en una Europa más solidaria y justa.