En la prensa cavernaria no hay día que no dediquen varias páginas dedicadas al «desafío» o la «deriva soberanista» de Catalunya o Euskal Herria. Normalmente de ambas naciones. Es su forma de contribuir a la defensa de España. Y a que cada vez más quieran marcharse de ella.

Según informaba ayer «La Razón», el alcalde de Girona «reivindica el derecho a decidir ante el príncipe». ¡Qué barbaridad! Pretender nada menos que decidir. A algunos les ofrecen la mano y cogen hasta el codo, deben de pensar Marhuenda y su gente. Resulta que el príncipe español «inauguró ayer en Girona el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica, acompañado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón». Ya saben, aquel que no era como los y las demás del PP, sino mucho más progre, y ha resultado ser aun menos, si ello fuera posible. En fin, el caso es que el Borbón junior, que fue «ovacionado por el auditorio a diferencia de lo ocurrido en el Liceo de Barcelona, aprovechó su discurso para pedir respeto por `las reglas del juego' de la Constitución». Qué original. ¿Se le ocurriría a él? Después «hizo un llamamiento a la `colaboración mutua'». Eso es generosidad, y eso que el alcalde de Girona le había provocado, pues reivindicó el derecho a decidir de Catalunya.

El príncipe, con su habitual desparpajo, «alternando entre catalán y castellano, aseguró que `la seguridad jurídica nace de una voluntad de estabilidad y de respeto a las reglas del juego'». Servidora no recuerda haberle oído hablar en catalán, pero sí leer en euskara, así que, si se expresó de forma análoga en catalán, el alcalde de Girona difícilmente pudo entenderle nada. Respecto a la seguridad jurídica, que brilla por su ausencia en el Estado que representa su padre, es una garantía que se supone debe proporcionar el estado a todas las ciudadanas y ciudadanos para que sus derechos no sean vulnerados, al margen de voluntades de estabilidad o cualquier melonada que se le ocurra al escriba de Felipe Borbón. No andaba descaminado el alcalde de Girona al señalar la necesidad de «una cierta radicalidad democrática que asegure jurídicamente, a los pueblos que aspiran a ello, su derecho a poder decidir libremente su futuro». Claro que al Estado español, antes que radicalidad democrática, hay que exigirle sencillamente comportamiento democrático».