Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez continuarán en prisión a la espera de una sentencia firme del Tribunal Constitucional (TC). Así lo decidió ayer el Alto Tribunal español, que ha desestimado los recursos interpuesto por los letrados de la defensa, que el pasado 6 de mayo solicitaron la suspensión de la ejecución de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo (TS). Unas penas de seis años y medio en el caso de Otegi y Díez, y de seis años para el resto de los implicados en el «Caso Bateragune», que en mayo de 2012, hace ya un año, fueron recurridas por los abogados de los cinco políticos presos.

Con esta decisión, el TC cierra un nuevo capítulo en este polémico proceso, que comenzó hace casi cuatro años, en octubre de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón puso en marcha un operativo policial contra el independentismo vasco. Desde entonces, los cinco detenidos han comparecido ante los jueces de la Audiencia Nacional, que impusieron una pena de diez años a Arnaldo Otegi y Rafa Díez, y de ocho años a Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez; y del TS, que redujo en tres años y medio el castigo a los primeros y en dos a los segundos.

Así, ahora le toca al TC pronunciarse sobre un caso que continúa marcado por las interpretaciones judiciales. Basta con citar los autos emitidos ayer por dicho tribunal -uno en respuesta a la petición de Otegi, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto, y otro en alusión a la recurso interpuesto por el abogado de Rafa Díez-, que se ha negado a suspender la sentencia del Supremo por considerar que la misma «se halla por encima del margen de gravedad con el que, como regla general, opera este Tribunal».

En este sentido, cabe señalar que el «margen» estipulado por el TC fija en cinco años de prisión la «frontera» entre las condenas «graves y las menos graves». No obstante, parece que este baremo no es igual para todos, ya que en una ocasión el TC amparó a una persona a la que le había sido impuesta una pena de seis años, la misma que a tres de los cinco condenados.

Además, los magistrados del Constitucional, que han aceptado las peticiones de la Fiscalía, opuesta a la petición de la defensa, sostienen que «no cabe desatender que la condena se basa en la pertenencia a organización terrorista de los recurrentes, lo que afecta a bienes jurídicos esenciales, por lo que la suspensión puede implicar una perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido como lo es el legítimo interés público en el cumplimiento de las penas, en atención a la gravedad del delito».

A este respecto, conviene señalar que, al ejemplificar los casos en los que sí se ha aceptado la suspensión de la sentencia recurrida, los magistrados del TC citan autos vinculados con personas próximas a Al Qaeda. Una organización que, al igual que ETA, está considerada como un movimiento «terrorista» por parte de las autoridades españolas. Algo que desmonta el argumento del alto tribunal.

«Sorpresa» ante el fallo

En declaraciones a GARA, Jone Goirizelaia, abogada de Arnaldo Otegi, afirmó que la auto del TC le ha «sorprendido». A su parecer, en el mismo los magistrados mencionan cuestiones generales, como es la distinción entre penas «graves y menos graves», sin reparar en que cinco de los condenados están a punto de cumplir dos terceras partes de sus penas en prisión. «Para cuando se conozca el fallo del TC seguramente hayan cumplido su condena, porque en el auto no dicen si piensan tratar el tema con la prioridad que corresponde», denunció.

En opinión de la letrada esta decisión tiene un claro objetivo: que los detenidos en el «Caso Bateragune» cumplan sus penas. Unas condenas que, de no agilizarse el caso, pueden finalizar antes de que TC emita un fallo firme. «Cuando el tribunal tome una decisión el recurso habrá perdido su razón de ser», criticó Goirizelaia, que no descarta acudir a Europa si el TC se pronuncia cuando los implicados hayan cumplido su pena.