La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Morena Herrera, informó de que Beatriz estaba «recuperándose» después de que médicos del Hospital de Maternidad de San Salvador le practicaran una cesárea.

«Estamos contentos porque por fin se ha intervenido a Beatriz, pero estamos tristes porque el proceso fue muy largo y por el sufrimiento que eso le ha causado. Es tremendo que la obligaran a llegar a estas alturas por una criatura inviable. Es una injusticia tremenda someter a una mujer a este nivel de tortura. Es muy doloroso que las mujeres tengan que pasar por situaciones como esta», denunció Herrera, cuya agrupación ha acompañado a la joven salvadoreña, diagnosticada con lupus eritematoso discoide, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico, y que también padece insuficiencia renal.

«Estamos esperando a que salga de cuidados intensivos. Esperamos que cuando se recupere físicamente lo haga también sicológicamente, porque ha sido muy dañada», resaltó.

La joven de 22 años tuvo una niña, que murió entre tres y cinco horas después de abandonar el vientre materno al carecer de cerebro, tal y como habían previsto los médicos.

Pese a las recomendaciones de los facultativos, el 28 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema le denegó la opción de abortar bajo el argumento de que «los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobres los del nasciturus, ni viceversa», como había solicitado ante el evidente deterioro de su estado de salud.

Sin embargo, un día después, en un dictamen calificado de «histórico», la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictó medidas provisionales a su favor y pidió al Estado salvadoreño que tomara medidas para proteger su salud y se le praticara un aborto terapéutico.

Las palabras de Beatriz

En una entrevista con AFP días antes de que se le practicara la cesárea, la propia Beatriz denunció el sufrimiento que le han infligido.

«Quiero la cesárea, primero por mi salud y porque no va a vivir el niño. No está bien lo que me han hecho, me han hecho sufrir estar esperando todo este tiempo aquí en el hospital. La verdad es que todo este tiempo estuve triste, porque me han dejado esperando aquí en el hospital, lejos de mi hijo, no querían respetar mis derechos (...) Me siento bien ahora porque pensaba que quizás no iban a querer (realizar la intervención)», manifestó, al tiempo que admitía haber recibido fuertes presiones por parte de grupos contrarios al aborto, que incluso realizaron una recogida de firmas.

La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que se había mostrado a favor del aborto en estas circunstancias, destacó que «Beatriz se ha convertido en un símbolo en el mundo. El análisis del caso es un lección. Los informes médicos y las pruebas ya lo mostraban, se había calculado y se había dicho que la supervivencia era nula», remarcó en una entrevista televisiva.

Por su parte, la primera dama de El Salvador, Vanda Pignato, criticó la actuación de los jueces. «La Corte dictaminó con mucha lentitud sobre la solicitud de Beatriz. Cuando actúa contra el Gobierno, lo hace en 24 horas, pero para salvar la vida de una mujer actúa con más de 40 días de tardanza», incidió.

Pidió «a los medios, a la sociedad, a las que dicen que son activistas por defender las mujeres, que la dejen de en paz».

Desde la organización Women's Link Worldwide, que asesora a las mujeres a nivel internacional, la abogada Mónica Roa consideró en declaraciones a GARA que los gobiernos pueden contrarrestar la presión de los grupos antiabortistas transmitiendo «a la opinión pública que el hecho de que el aborto sea permitido no quiere decir que sea obligatorio y que una mujer católica o cristiana o cuya fe por alguna razón no le permita abortar siempre podrá decir `el Estado me permite abortar, pero yo no lo voy a hacer'».

«Este tipo de debates se deben producir en el marco de un Estado laico. Es al Estado a quien le estamos pidiendo que garantice esa opción para las mujeres; no le estamos pidiendo a la iglesia que acepte el aborto o que deje de considerarlo un pecado. Todas las iglesias tendrán siempre la posibilidad de tener una opinión y una posición propia frente a esta cuestión, ofreciendo guías morales a sus feligreses. Pero el Estado como tal debe garantizar la libertad para que cualquiera que sea la creencia personal o la decisión íntima de la mujer sea respetada y cuente con los recursos dentro del sistema de salud», añadió.