La cara de Ada Colau se ha hecho conocida por su contundencia a la hora pronunciarse contra los desahucios. Una determinación que los obstáculos jurídicos del Gobierno español y los intentos de criminalizar la actuación de la PAH no han conseguido desgastar. De hecho, ayer defendió en Donostia el valor de la desobediencia civil para frenar la sangría de desahucios generada bajo la sombra de la crisis y que, señala, tiene cómplices políticos y económicos.

El Gobierno español ha modificado el contenido de la ILP presentada por la PAH restándole valor. ¿Qué valoración hace?

En una actitud profundamente antidemocrática, el Gobierno del PP ha decidido ceder una vez más a la presión de las entidades financieras. No somos ingenuos, sabíamos que era muy difícil cambiar la ley porque sabemos el poder que tienen las entidades financieras sobre el poder político de este país.

La nueva ley del PP ha sido una huida hacia adelante, ha sido ganar tiempo para las entidades financieras. Es una ley que podemos decir que es ilegal porque está vulnerando la sentencia europea que se aprobó hace dos meses y que es de obligado cumplimiento para los jueces del Estado español. Paradójicamente, el PP, en lugar de acatar esa sentencia y empezar a normalizar la legislación española, que actualmente es una anomalía en el contexto europeo, saca una ley para intentar limitar su cumplimiento.

La sentencia reconoce que se deja a los afectados en absoluta indefensión porque no pueden alegar nada, a pesar de la existencia de cláusulas abusivas, que sabemos que existen en la práctica totalidad de los contratos hipotecarios en este país, y abre la vía para que los jueces revisen esas cláusulas y decreten su nulidad. En cambio, la ley del PP intenta limitar esa decisión y pone un plazo para ese procedimiento, estableciendo que solo hasta el 16 de junio se pueden alegar cláusulas.

La PAH ha presentado un «kit de emergencia» para responder en ese corto plazo de tiempo que establece la ley. ¿En qué consiste?

Para facilitar las alegaciones se han creado unos escritos donde se explican la cláusulas y cómo presentar un escrito de incidencia. Pero la batalla va a tener que seguir mucho más allá, porque, evidentemente, con las cláusulas abusivas no se va a terminar el problema. Hay otro gran problema que no aborda la ley, y son todas aquellas personas que ya han sufrido el procedimiento y se han quedado con deudas de por vida fruto de un procedimiento que hoy sabemos que es ilegal.

Desde Europa, el presidente del BCE, Mario Draghi, también pidió al Estado español medidas «más ambiciosas» contra los desahucios, pero, en este caso, porque son «costosos» para el sistema financiero.

A nadie se le escapa que el poder financiero no está solo en el Estado español, estamos hablando de multinacionales con muchísimo poder en Europa y en el mundo. Teniendo en cuenta eso, es significativo que incluso instituciones tan liberales y tan poco sospechosas de ser cercanas a las demandas de los movimientos sociales y a los derechos humanos, como puede ser el BCE, se pronuncie contra la nueva norma.

Además de ser ilegal es ineficaz, no va a resolver el problema. Y si no se resuelve, el Estado español no solo tiene un problema de vulneración sistemática de derechos humanos, tiene un problema económico. El país no va a salir de la crisis si se deja a miles de personas desahuciadas, y con una deuda de por vida; condenadas a la economía sumergida y la muerte civil, y sin ningún incentivo para retomar la actividad económica.

¿Cuál es la radiografía de la situación actual en cuestión de desahucios?

En 2012 se produjeron prácticamente 40.000 pérdidas de primera vivienda, es una barbaridad, son más de 100 desahucios al día. Hemos observado que en 2013, gracias a la presión social, las entidades financieras están parando algunos procesos. Siguen ejecutando y desahuciando porque utilizan la ley favorable a sus intereses, lo que ocurre es que la presión social hace que se vean obligados a escucharnos cuando vamos a negociar. El problema está en toda esa gente que aún no llega a nosotros, sea por desinformación, vergüenza... Y ahí es donde ellos ganan. Pedimos que no se dejen intimidar por ese mensaje que intenta culpabilizar a la gente.

La PAH ha sido criminalizada por su actuación en los escraches. ¿Siguen apostando por la desobediencia civil?

Vamos a seguir utilizando todas las vías posibles, llevando esto a Europa y a las Naciones Unidas. Seguiremos haciendo batalla en los juzgados. Pero sobre todo, vamos a seguir actuando y ampliando las campañas de desobediencia civil, porque mientras el Gobierno no escucha el clamor popular y no cambia las leyes hay vidas en juego.

Ahí es donde hay que orquestar mecanismos de autotutela de los derechos. Ahora nos centraremos sobre todo en aumentar la obra social de la PAH, es decir, en abrir viviendas vacías para alojar a las familias que lo necesitan. Esas viviendas que tienen los bancos estropeándose para volver a especular con ellas. El Gobierno se ha quedado absolutamente solo defendiendo los intereses de los bancos y por eso intenta criminalizar al movimiento, pero creo que le ha salido francamente mal.