Alberto PRADILLA

Mariano Rajoy se presentó como un presidente dispuesto a «dar la cara». Más de año y medio después de su investidura, sus esporádicas apariciones públicas y sus reticencias a dirigirse a la prensa forman parte de la «marca Gobierno de España». En el Congreso español, la dinámica se repite. Un fenómeno que ha contagiado también a otros recursos de los que disponen los representantes políticos para solicitar información al Ejecutivo. Las preguntas parlamentarias son el más común. Sin embargo, no siempre llegan las respuestas esperadas. El «no sabe, no contesta» se ha convertido en una tónica general. Recientemente, el diario «Público» revelaba que, de las 19.482 preguntas formuladas hasta abril, el Gobierno había respondido únicamente a 13.806. Poco más del 70%. En principio, Moncloa está obligada a responder en 20 días, con la opción de doblar el tiempo tras una notificación. Aunque los plazos no se cumplen nunca. De hecho, la media en contestar está en dos meses. En el caso de que las respuestas no lleguen, el único rescurso es pedir amparo a la Mesa. Que el Gobierno español remita un papel por escrito no quiere decir que se conteste con los datos demandados. Y aquí entran las diferentes modalidades que emplea Moncloa para responder sin decir nada.

«El Gobierno cumple la ley» es una de las frases más repetidas. Sirve para hablar sobre presos políticos vascos, controles o maniobras militares en las Bardenas. Como ejemplo, la pregunta formulada por el diputado Jon Iñarritu sobre los controles instalados por la Guardia Civil en Legutio entre los días 17 y 19 de diciembre del pasado año. En ellos, un asesor parlamentario de EH Bildu fue interrogado sobre datos personales. Unas circunstancias que aparecían detalladas en el texto de pregunta. El Ejecutivo, sin embargo, resolvió afirmando que «se procedió a las identificaciones necesarias en virtud de las previsiones de la Ley Orgánica 1/1992 y no se procedió a ninguna detención». Requerido sobre la proliferación de dichas patrullas, vuelve al mismo argumento: «en cuanto a los controles de la Guardia Civil realizados durante los meses de noviembre y diciembre en la carretera B-623 cabe señalar que se llevaron a cabo los necesarios en relación con la finalidad de la citada Ley». Fin del asunto. Otro ejemplo: Sabino Cuadra interrogó sobre las precauciones adoptadas durante las maniobras que el Ejército español desarrolló entre el 25 y 28 de febrero en las Bardenas. Dos páginas de preguntas resueltas con tres párrafos: «se tomaron todas las medidas de seguridad habituales». Un bucle con el que chocan muchas solicitudes de información. Escudarse en «la ley» sirve tanto para estos casos como para no ofrecer detalles sobre la investigación irregular abierta a Erlantz Ibarrondo, abogado de la Asociación Libre de Abogados, en Madrid, que denunció haber hallado datos sobre su persona en el atestado de un caso que defendía.

Preguntas desvanecidas y dobles sentidos

Limitarse a citar una norma sin dar más explicaciones es uno de los formatos. Otro, responder de forma incompleta. Puede ser remitiendo una nota de prensa antigua relativa al asunto, como le ha ocurrido a Izquierda Unida o saltándose alguna de las preguntas como si no existiese. También se recurre a la ambigüedad. Como una respuesta remitida a Alfred Bosch (ERC) donde se remarca que «este Gobierno (en referencia al actual del PP, pero no al del PSOE)» no ha solicitado los servicios de Corinna, conocida amante de Juan Carlos de Borbón y supuestamente vinculada a sus negocios.

La mayor opacidad aparece en las preguntas relacionadas con Euskal Herria. Existe una respuesta tipo que niega la existencia de un conflicto y se limita a recordar la acción armada de ETA «asesinando a 829 personas, entre ellas 24 niños». En otras, se recurre incluso a la literatua. Es el caso de una cuestión formulada por Iñarritu en relación con Montenegro y los estándares democráticos en una consulta de autodeterminación. Así contesta Madrid: «Los «estándares democráticos» de España, por usar la terminología contenida en la pregunta formulada por Su Señoría, son los que establece la Constitución española. Por ello, las consideraciones a otros tiempos o lugares carecen de rigor y constituyen un esfuerzo inútil que solo puede conducir a la melancolía».