EH Bildu de Eibar ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno municipal por negarse a entregar el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) del proyecto de Errebal, un centro comercial que finalmente no se materializó.

Según informaron en una rueda de prensa celebrada la semana pasada, los representantes de EH Bildu tuvieron conocimiento en una Comisión de Hacienda del pago de una factura a la empresa Sanz&Saiz por la elaboración de las alegaciones a los resultados de la fiscalización del proyecto de Errebal por el TVCP. Solicitaron la información sobre el informe y las alegaciones, pero argumentando que era «información confidencial» se la negaron.

Basándose en el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se otorga a los concejales y concejalas el poder de conocer los documentos necesarios para hacer el seguimiento de la labor del Gobierno municipal, volvieron a realizar la petición por escrito. La respuesta fue nuevamente negativa.

Valorando que con la negativa se les «conculca el derecho» a información, han optado por interponer un recurso contra el equipo de Gobierno municipal. A este respecto, afirman que «existen sentencias favorables a los concejales en relación a una información muy similar». Alegan que en el escrito presentado por el TVCP sí se hace mención de que dicho documento debe considerarse confidencial respecto a su conocimiento por parte de personas que no pertenecen al Ayuntamiento, pero que, en su opinión, como concejales forman parte de la administración afectada y, por lo tanto, tienen derecho a conocer esa información.

En opinión de EH Bildu, el equipo de Gobierno quiere ocultar este informe, porque «no le han gustado las conclusiones». «No debemos olvidar que este informe fiscaliza el acuerdo mutuo entre la empresa Eibar Boulevard y el Ayuntamiento de Eibar, acuerdo que supuso unas pérdidas millonarias para las arcas municipales», afirman, añadiendo que «el informe del TVCP avalaría en este caso las sospechas» que desde EH Bildu han puesto encima de la mesa.

Asimismo, critican que se externalicen las labores de asesoramiento jurídico, cuando en la plantilla existen profesionales cualificados para realizar esta labor.