Profesionales de la salud y cargos electos de los valles pirenaicos de Nafarroa han puesto en marcha una iniciativa para garantizar el derecho a la salud en las zonas rurales frente a los planes del Gobierno navarro de reducir servicios en estas localidades .

La fórmula escogida para ello es la Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos, una posibilidad recogida en el artículo 19 del Amejoramiento y que establece que los ayuntamientos que representen un tercio de municipios y la mitad de la población de una merindad pueden instar a la elaboración de una ley foral en el Parlamento. La Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos fue regulada mediante una ley foral en 1985. Pese a ello, nunca se había puesto en marcha hasta el momento.

Según recordaron ayer en Iruñea los alcaldes de Agoitz, Unai Lako; y Zangoza, Ángel Navallas; y la edil de Erronkari Amparo Viñuales, la consejera de Salud, Marta Vera, intentó en 2012 elaborar una ley que reducía notablemente la prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales, especialmente las urgencias. Así, por ejemplo, se establecían guardias localizadas y se deterioraban las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

Los profesionales sanitarios y numerosos electos se posicionaron contra el proyecto de Vera. Visto el malestar social existente, el Parlamento, con los votos de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, echó atrás el proyecto de UPN.

Sin embargo, el Parlamento debía haber puesto en marcha una ponencia para analizar la situación de las urgencias rurales y no lo ha hecho. Ante esta situación, los ayuntamientos de la zona pirenaica han decidido tomar la iniciativa.

Garantizar derechos

Los electos destacaron que el objetivo de la norma es garantizar por ley unos mínimos de calidad en la asistencia sanitaria en las poblaciones rurales para impedir que el Gobierno de turno pueda atacar este derecho básico.

La iniciativa surgió en los valles pirenaicos, donde ha recibido el apoyo del 95% de los cargos electos. El día 26, la Casa de Cultura de Zangoza acogerá una reunión para impulsar la recogida de adhesiones a la proposición de ley.

La exigencia de que la iniciativa cuenta con el apoyo de municipios que agrupen a la mitad de la población hace que sea necesario recabar apoyos en municipios como Burlata, Eguesibar, Noain o Uharte, situados en Iruñerria pero pertenecientes a la merindad de Zangoza. En ellos se concentra mucha más población en comparación con la que habita las zonas rurales de la merindad.

De este modo, la elaboración de una norma en defensa de la sanidad rural necesitará el apoyo de municipios de la zona metropolitana de Iruñea.

En cualquier caso, los impulsores de la iniciativa son optimistas y señalaron que esperan recabar los apoyos necesarios en otoño.

La proposición de ley foral elaborada por los municipios, con el apoyo de los profesionales sanitarios y otros agentes sociales, señala que en la zonas rurales deben establecerse guardias de presencia física en el centro de salud o consultorio como norma general. Rechaza que se emplee como criterio la población y reclama que se prioricen las zonas que se encuentran más alejadas de los hospitales de referencia.

Junto a ello, se destaca que en caso de urgencias graves y emergencias se garantizará de manera efectiva la activación inmediata de los recursos necesarios y la llegada del personal sanitario con el equipamiento necesario en un tiempo máximo de 20 minutos.

Asimismo, se reclama que se garantice el traslado de los pacientes al hospital de referencia en un plazo máximo de una hora y que los profesionales sanitarios dispongan de vehículos específicos para atender las urgencias en lugares de tránsito difícil por el firme de los caminos o por tratarse de zonas de montaña, además de que puedan hacer frente a la climatología adversa.

Junto a ello, la proposición de ley foral garantizará que se cubrirán las ausencias del personal sanitario y que los centros de salud de las zonas rurales dispongan de los equipamientos precisos y las primeras dosis de tratamiento en la atención urgente vital y no vital.

Además, se garantizará el acceso al transporte público creando redes por zonas para acercar a la población rural a la atención especializada y se fomentará el procedimiento de las interconsultas no presenciales para evitar desplazamientos innecesarios.