El Gobierno de Lakua tiene ya redactado un proyecto que introduce diversas correcciones en el decreto 107/2012 de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia estatal. Los cambios pretenden reflejar las recomendaciones realizadas por los propios integrantes de la Comisión de Valoración tras un análisis de sus primeros seis meses de trabajo.

Las modificaciones más importantes que se introducen son una flexibilización de la documentación con la que acreditar los daños sufridos, y la evaluación de estos en función de que se trata de violaciones de derechos humanos, por lo que conviene recoger los estándares de los organismos internacionales que velan por la protección de estos derechos, y no el baremo de la Seguridad Social, empleado hasta ahora y que está más pensado para casos de accidentes o situaciones similares.

Sin embargo, en el proyecto de modificación del decreto,se detecta una carencia con respecto a las recomendaciones que la Comisión de Valoración trasladó al Parlamento y al nuevo Gobierno en un informe fechado el 14 de diciembre de 2012.

En aquel documento se pedía «estudiar la ampliación de la cobertura del Decreto a supuestos en los que la vulneración de derechos humanos fue cometida por personas no identificadas como agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero que al mismo tiempo no tienen cabida dentro de la legislación de víctimas del terrorismo»

La referencia es clarísima a la actuación de grupos parapoliciales y los denominados «incontrolados», que en el periodo al que hace referencia el decreto (1960-1978) causaron al menos ocho muertes y no menos de 134 heridos, según el reciente informe de vulneraciones de derechos humanos hecho público por el propio Gobierno.

El decreto en vigor fija en su artículo 2 que las vulneraciones de derechos humanos que pueden ser reparadas han debido ser ejercidas «por funcionarios» y en «un contexto de impunidad», una redacción que no se altera con las modificaciones ahora previstas.

Los cambios

Uno de los principales cambios que prepara el Gobierno es el relativo a la valoración de los daños sufridos. En la actualidad, se toma como referencia de las lesiones la incapacidad a la que ha dado lugar en aplicación de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social.

La Comisión de Valoración recomendó que se analizaran más factores además de la disminución de la capacidad laboral, atendiendo a todas las afecciones sufridas en su propia vida, en el ámbito social, familiar y sicológico.

Por ello, en el cambio que se prepara «se considerarán lesiones graves y permanentes aquellas que hayan ocasionado algún tipo de menoscabo funcional físico o psíquico o incapacidad de carácter permanente». Y, para su valoración, se tomarán como referencia «los criterios establecidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos, por la legislación de la Seguridad Social y aquellas otras que considere oportunas y que estén establecidas en el Derecho de Daños».

En este sentido, y para facilitar la tramitación que ahora se estaba viendo dificultada por la necesidad de tener reconocida una invalidez, lo que en adelante se solicitará a los demandantes de ayuda es que la acompañen «de aquellos informes y/o certificados médicos que permitan la adecuada valoración de las lesiones padecidas».

En el cuadro de compensaciones, en la actualidad las lesiones permanentes de carácter no invalidante se valoraban en función de un baremo pensado para los accidentes laborales. En adelante, se establece una compensación fija de 10.000 euros. Cantidad superior a lo que se está aplicando en la actualidad.

Además, también se introducen modificaciones en relación a la compatibilidad de las compensaciones recibidas con otras ayudas que se hayan podido percibir.

14 resueltos, 30 en estudio

El decreto de reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal entró en vigor hace poco más de un año. En este tiempo, se han recibido entre 110 y 120 solicitudes. Según indicaron ayer fuentes oficiales, se han resuelto ya 14 expedientes y otros 30 están en estudio en la actualidad. Se está siguiendo un orden cronológico en función de la fecha de solicitud.

Los expedientes son analizados por una Comisión de Valoración que en la actualidad está formada por la directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando, que la preside; Manuela Carmena y José Antonio Pérez, como expertos; Txema Urkijo, designado por la Dirección de Víctimas; Álvaro Gil-Robles y Carlos Martín Beristain, propuestos por la ponencia parlamentaria en la pasada legislaturas; y Sabino Ormazabal, como representante de la sociedad civil. Ormazabal sustituyó en marzo en el cargo a Mónica Hernando, que tenía ese puesto en la pasada legislatura.

Próximo decreto, este año

El decreto actual de reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal contempla el periodo 1960-1978, según las decisiones adoptadas en la pasada legislatura. Entonces ya se previó la redacción de otra norma para las vulneraciones de derechos producidas desde 1979 hasta la actualidad.

El Plan de Paz y Convivencia presentado la pasada semana por el Gobierno de Lakua fecha en el último trimestre de 2013 el trabajo de «preparar las herramientas legales» para el reconocimiento de todas las víctimas. Según algunas fuentes, ya hay un trabajo adelantado en esta materia, aunque la tramitación oficial comience en setiembre.