Ni debate en el Parlamento, ni debate público, ni visto bueno de los socios de la coalición de Gobierno, un fulminante «decreto ejecutivo especial» del primer ministro Samaras dejó la pantalla de la televisión pública griega (ERT) en negro. Más de 60 años de historia contribuyendo a igualar las oportunidades de acceso a los bienes culturales, a generar identidad, educación y pluralismo borrados de un plumazo, mediante una orden intempestiva por un político con afán de ser un «calife à la place du calife» pero que, en realidad, no es sino una marioneta que cumple los dictados de la Troika. Esta exige el despido de 2.000 funcionarios y Samaras sirve en bandeja de plata la cabeza de la ERT (con sus casi 3.000 despidos).

A Samaras puede salirle muy cara su soberbia. Para los griegos, la televisión pública, a pesar del clientelismo y el control gubernamental, es algo más que unos puestos de trabajo. Es una institución del pueblo, no de los gobiernos de turno, y liquidarla pone en riesgo la vida democrática del país. Con la sociedad movilizada, sus socios en el tripartito amagan con una moción de censura que puede ser el final de su carrera y, quiza, el de la calamidad que sufre Grecia.