A partir de las 9.15 de la mañana está previsto que acuda la comisión judicial para ejecutar la decisión del lanzamiento de la planta de Troquenor. Antes, a las 8.30, los trabajadores se concentrarán en la empresa para intentar impedir esa actuación que les deja sin futuro.

En una decisión desesperada, el comité pidió ayer al Gobierno de Gasteiz que «intervenga con urgencia» para evitar que un centenar de trabajadores se queden en la calle.

Los empleados manifestaron que «la planta tiene futuro, una vez que resurja de esta complicada situación» y recordaron que los trabajadores quieren protagonizar ese futuro. Es más, el presidente del comité, Jesús Alberto Llona, explicó que la planta de Sondika es «productiva y puede dar trabajo hasta a 300 trabajadores, en vez de los 108 que actualmente serán desahuciados. Intentamos proteger el patrimonio que hay allí aunque resulte paradójico», precisó.

Los empleados explicaron que esa decisión permitiría que «los antiguos propietarios de Troquenor, cuya pésima gestión arruinó la compañía y dejó en el camino deudas millonarias con las administraciones públicas, Gobierno vasco, Diputación y Seguridad Social, quedarse con la valiosísima maquinaria de la empresa, sin hacer frente a ninguna de las deudas». Los trabajadores lamentan que, si no se para esa decisión judicial, «las instituciones y la sociedad perderemos la oportunidad de recuperar ese dinero que, en forma de ayudas, se ha repartido irresponsablemente entre semejante calaña de empresarios».

Ante esta situación, pidieron que el Ejecutivo de Gasteiz «exija a la familia Giménez-Bretón que pare el desahucio». El comité explicó que «estamos desahuciados por 250.000 euros al propietario del pabellón, que a su vez debe 7 millones al Gobierno vasco; 3,6 millones más a la Diputación y 7 millones más a la Seguridad Social».

Llona, explicó que están siendo «víctima de un proceso injusto cuya responsabilidad está en manos de los antiguos propietarios, que habrían llevado a cabo una pésima gestión que arruinó la compañía y dejó en el camino deudas millonarias».

Por último, los trabajadores pidieron al Gobierno de Lakua que intervenga en el conflicto y «se sepa si apuesta realmente por el futuro de la industria vasca y por el empleo de calidad o simplemente colabora para enriquecer el patrimonio de empresarios que dilapidan el dinero público».