La exigencia del FMI al Estado español de profundizar en la reforma laboral no puede causar más que indignación tanto por el contenido de la petición como por provenir de ese organismo. Asegura el FMI que la reforma en vigor ha supuesto «mejoras sustanciales», algo totalmente incierto, toda vez que no solo no ha logrado sus supuestos objetivos de crecimiento económico y fomento del empleo, sino todo lo contrario. Ahora esa institución pide un acuerdo «entre empresarios y trabajadores» que conllevaría, sostiene, un incremento del empleo, pero en todo caso a costa de una mayor precarización de las condiciones laborales, de la práctica desaparición de unos derechos ya muy mermados. En concreto, el FMI exige al Gobierno español que abarate el coste del despido, que reduzca el número de contratos y que simplifique la negociación colectiva. Y lo exige quien recientemente reconoció que se equivocó con el rescate de Grecia, lo que achacó a las prisas y al contexto de una crisis excepcional, una crisis que el FMI, a diferencia de no pocos economistas, ni siquiera barruntó, o al menos no advirtió de ella. Es un organismo caracterizado por la cantidad de veces que ha «errado» en sus pronósticos, cuyas políticas han empobrecido a países a los que supuestamente estaba ayudando y que, tras reconocer su último error, persiste en él.