El futuro de la presidenta navarra ya está en manos del Tribunal Supremo. La juez elevó ayer la exposición motivada al Alto Tribunal con los argumentos para imputar a Yolanda Barcina por cohecho pasivo impropio. Sin embargo, eso no va a poner punto final a la instrucción en Iruñea. María Paz Benito continuará investigando los créditos a consejeros, seguirá pendiente de concretar la fecha de creación de las actas de la Permanente y, además, ha mostrado interés en el informe de los servicios jurídicos del Parlamento que corroboran que el Gobierno navarro estaba obligado a inspeccionar a la CAN.

La juez expone en su auto que ha decidido enviar al Supremo únicamente la parte de las dietas de CAN, porque ya se han encontrado «elementos bastantes» como para imputar a Barcina por los cobros irregulares. El resto de la instrucción, sin embargo, continuará en su poder, puesto que a día de hoy no afecta a ninguna persona aforada. Pese a todo, Benito no descarta tener que volver a escribir una nueva exposición motivada si aparecen nuevos indicios imputables a algún aforado. La juez cita esta posibilidad expresamente cuando habla de la concesión de créditos a consejeros. Aun así, sostiene que mientras los peritos del Banco de España no determinen si los créditos se concedieron en mejores condiciones que las que dictaba el mercado y mientras no haya un aforado imputado, no va a remitirlos al Supremo.

«Este juzgado continuará practicando aquellas diligencias de instrucción que resulten indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos y determinación de los presuntos responsables, con respeto siempre al aforamiento de la Sra. Barcina», explica la juez. Con esta afirmación se disipan las principales dudas puestas de relieve por Kontuz y UPyD en las alegaciones, que eran que se diera carpetazo al resto de presuntos delitos denunciados.

Actas y falta de inspecciones

Actualmente, se sabe que la Guardia Civil ha recuperado los archivos informáticos originales de los servidores de CAN y que han intentado hacerse también con el programa con el que se elaboraron. A través de filtraciones se ha conocido que esas actas no existían en los ordenadores de CAN hasta pasados ocho meses de que Barcina echara el cerrojo a la Permanente. Las actas en papel que se remitieron al juzgado van firmadas por Barcina y Miguel Sanz y la sospecha es que las firmaron cuando ya no eran presidentes de la Permanente, lo que resta validez a los documentos cuando no los convierte en falsos.

Por otro lado, la juez ha mostrado interés por el análisis de los servicios jurídicos del Parlamento sobre Caja Navarra conocido esta semana. En ese informe se afirma que el Gobierno tenía la obligación de inspeccionar a Caja Navarra de forma periódica y, en su caso, extaordinaria. Esto también forma parte de la denuncia de Kontuz, quien apuntó que la ausencia de inspecciones podría entenderse como un delito de prevaricación por omisión. La juez ha solicitado que se remita dicho informe a su juzgado y adelanta que enviará una copia al al Supremo.

En definitiva, lo que ha hecho la juez ha sido aislar la parte del caso imputable a Barcina y formar con ella un «paquete» que ha dejado en manos del Supremo, quedándose ella con el resto. Lo cierto es que poco más le resta de instruir al Supremo, más allá de recabar testimonio a la presidenta navarra y extraer conclusiones. Si, finalmente, se prueba que las actas de la Permanente ex profeso para este juicio, la juez también remitirá este asunto ya instruido para que el Alto Tribunal no tenga que hacer gran cosa.

Según Efe en Madrid, el Supremo podría aceptar la causa en junio o julio. Y, ya en setiembre, valorará si continúa con la instrucción o archiva el caso. La agencia subraya que lo más presumible es que acepte la causa y tome testimonio a Barcina en calidad de imputada, aunque eso no implica necesariamente que esto acabe en vista oral. En ese caso, el juicio se celebraría con jurado.

Protesta del sábado y dimisión

Al poco de conocerse la sentencia, Kontuz realizó una valoración muy positiva de los dos autos que redactó la juez por este motivo. La asociación animó a la ciudadanía a salir a la calle mañana para reclamar que Barcina dimita e impedir que la elevación de la causa al Supremo retrase la instrucción. A su juicio el aforamiento de Barcina interfiere en el proceso y ya lo ha ralentizado. Además, asegura que el hecho de que el proceso se alargue «no es bueno para las instituciones navarras y tampoco para la presidenta si es inocente». Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, recordó que si Barcina deja el cargo, la causa regresará a Nafarroa y auguró que, antes o después, es probable que ocurra.

La manifestación de Kontuz ha recabado el respaldo de todas las fuerzas salvo UPN y PP. En el caso del PSN, la cúpula no saldrá a la calle, pero «todo el sector crítico» ha decido respaldar la movilización.

Por su parte, UPyD también insiste en que es cada vez más necesario que la presidenta deje el cargo, para que pueda ser juzgada como uno más y valora que su aforamiento está afectando a la instrucción.