Kider solicitó ayer el concurso voluntario de acreedores pese al acuerdo de reestructuración de la plantilla acordado con los trabajadores, según ha informó el sindicato ELA en un comunicado, que advirtió de que con esta decisión 800 puestos de trabajo corren un serio peligro.

La central apunta que la empresa, con sede en Murgia, cuenta con recursos suficientes para evitarlo y que, por lo tanto, la empresa es «totalmente viable». Por ello, acusa a los propietarios de Kider de «desentenderse de la actividad empresarial aún existiendo cartera de pedidos, no apostando por el futuro de la empresa».

El Grupo Kider, dedicado a la fabricación y comercialización de mobiliario comercial e industrial, cuenta con una plantilla de 409 trabajadores en cinco centros productivos de la CAV: Kime, Inan, Kider Almacén, Kider Oficinas, en Araba, y Mebunik, en Bizkaia. Además, cuenta con una sociedad dependiente en Nafarroa, Izarki 7. También tiene numerosas delegaciones comerciales en el resto del Estado, así como en el Estado francés y Portugal. En India tiene un centro productivo y una larga red de proveedores locales.

La firma ya atravesó entre julio y diciembre de 2012 un ERE de suspensión de 45 días repartidos en seis meses, que afectó a todos los trabajadores del grupo en el Estado español. En enero de este año el grupo presentó otro ERE que contemplaba 163 despidos aunque lo retiró semanas después para negociar con los sindicatos una reestructuración consensuada para la empresa que, según denuncia ELA, «a día de hoy la empresa no ha querido llevar a cabo».

La central acusa al grupo de no cumplir los acuerdos alcanzados en abril ante el preco, que además de reestructurar la plantilla, incluían una ampliación de capital.

Desindustrialización

El sindicato afirma que «nos encontramos ante un nuevo ejemplo del compromiso real que parte del empresariado vasco tiene con la sociedad y el país, y de cómo las egoístas decisiones de muy pocas personas pueden llegar a afectar a tantos trabajadores y sus familias». Citó como ejemplo los casos de Troquenor, Laminaciones Arregui o Virtisu.

Por ello, pide al Gobierno de Lakua, instituciones y partidos políticos que «se impliquen en la resolución de este grave problema para las comarcas de Aiala y Ezkerraldea, e inicie las gestiones oportunas para que los accionistas «reconsideren sus posturas y se comprometan realmente a presentar y cumplir una propuesta alternativa» que mantenga la actividad y el empleo.