Estado de bienestar sí, pero con una pofunda reforma en la fiscalidad
Terminar con la actual «tolerancia hacia el robo y el fraude» mediante una reforma hacia un sistema fiscal más equitativo que permita aumentar los ingresos es la clave que plantea Ignacio Zubiri para garantizar un Estado de Bienestar sostenible, que es ahora de primera necesidad.
Iraia OIARZABAL
La sostenibilidad del Estado de Bienestar fue el tema a tratar en la charla ofrecida en Donostia por el catedrático y director del Departamento de Economía Aplicada de la UPV-EHU, Ignacio Zubiri. Aunque en estos tiempos convulsos se esté poniendo en tela de juicio el futuro del sistema de bienestar, entiende que es sostenible, pero que requiere de recursos adicionales. Y estos deberían venir del aumento de ingresos, para lo que plantea, entre otras cuestiones, una reforma fiscal en profundidad. En esta línea, valora positivamente los cambios introducidos en Gipuzkoa en esta materia, mientras que Araba y Bizkaia aún tienen tareas pendientes.
Para poner en contexto la situación que enfrenta el Estado de Bienestar, explica que hay dos problemas fundamentales. Uno de ellos es el de la caída de los ingresos derivada de la crisis, que ha provocado una disminución sustancial de la recaudación. En concreto, la recaudación por cotizaciones sociales ha caído un 10%, lo que afecta directamente al sistema de pensiones. Respecto a la recaudación por tributos concertados, ha caído 4 puntos del PIB, lo que equivale a que se ha perdido un 25% de la recaudación, afectando a prestaciones como la sanidad o la dependencia. A esta caída de los ingresos, le añade un aumento del gasto para responder a las necesidades sociales derivadas de la crisis y que -apunta- a largo plazo se verá incrementada por un factor demográfico, que es el envejecimiento de la población.
Ante esta situación, Zubiri desgrana las reformas en gasto e impuestos necesarias para garantizar el Estado de Bienestar y añade que esto será posible «si estamos dispuestos a aportar impuestos adicionales». En un gesto para tranquilizar a sus oyentes, aclara que no se trata de una cantidad muy grande y que habría que aumentar la recaudación en torno a un 30%.
Equidad e intolerancia al fraude
Los cambios fiscales que plantea Zubiri tienen dos principios fundamentales, que se dote de capacidad recaudatoria y que esté basado en la equidad. «Es necesaria una reforma fiscal que cierre los agujeros del sistema, porque eso no es equitativo y reduce su capacidad recaudatoria», remarca. Unido a ello, propone una reforma del gasto. «No se le puede decir a la gente que se le van a subir los impuestos cuando el gasto no está sujeto a criterio de eficiencia y transparencia», advierte seguidamente.
Sostiene que la CAV «tiene un buen Estado de Bienestar» pero «deja bastante que desear» en comparación con el promedio de la UE. Matizado esto, asegura que hay un margen fiscal muy amplio para aumentar los ingresos debido, no tanto por que los tipos impositivos sean algo más bajos que en otros países, sino porque «hay un juego muy amplio de deducciones» y «un fraude muy elevado» que ha llevado a que desde 2007 la recaudación haya caído casi cuatro puntos del PIB. «En este país hay una tolerancia hacia el robo y el fraude», afirma, para exigir medidas efectivas para su detección y sanción.
En este punto, entra a valorar la reacción de las diferentes diputaciones y afirma que las reformas acometidas en Gipuzkoa permiten que en el periodo 2011-2013 la recaudación en Gipuzkoa vaya a aumentar en un 5%. «Araba y Bizkaia, sin embargo, han hecho una reforma cosmética», añade. Al respecto, remarca que, hasta el momento, son Araba y Bizkaia las que se han opuesto a introducir cambios en materia fiscal, argumentando que perjudicaría al crecimiento. Una cuestión falsa en su opinión ya que «si no se aumentan los impuestos va a haber que bajar el gasto público y desde un punto de vista del crecimiento eso es peor».
Otra razón para no acometer reformas es que las rentas altas y las empresas «se deslocalizarán» o que con un aumento del Impuesto de Sociedades las empresas perderán competitividad, supuestos que califica de «poco creíbles».
En cualquie caso, describe las líneas generales de la reforma fiscal que, a su juicio, convendría ejecutar. En primer lugar, debería mejorar la equidad, eliminando exenciones, deducciones etc., diseñadas para beneficiar a grupos concretos. En definitiva, eliminar el fraude.
Cree necesario aumentar los tipos y crear nuevos impuestos. En el caso de las cotizaciones sociales, para mantener el sistema de pensiones en el corto plazo, propone aumentar las que están a cargo del trabajador a cambio, eso sí, de garantías futuras. Sobre el IRPF, aboga por eliminar bonificaciones y hacer un impuesto «realmente progresivo sobre la capacidad de pago de los contribuyentes». Exactamento lo mismo plantea en el Impuesto de Sociedades, que califica de «un muestrario de bonificaciones para las empresas que no sirven para nada. Porque si una empresa tiene que tener un Impuesto de Sociedades bajo, a lo mejor es una empresa que no interesa que exista».
Finalmente, entra a valorar el Impuesto de Patrimonio y destaca que Gipuzkoa ha optado por gravar la «riqueza productiva», mientras que Araba y Bizkaia no lo hacen, gravando bienes inmuebles, cuentas e inversiones. Cree adecuado gravar también el patrimonio productivo, y pone un ejemplo clarificador. «El propietario de Zara no pagaría nada con el Impuesto sobre el Patrimonio que tienen Araba y Bizkaia. Hay que tender al modelo que tiene Gipuzkoa», apunta.
Concluye que el Estado de Bienestar es sostenible «porque el coste que va a tener no es exagerado y se puede financiar con impuestos».
Uno de los pilares del Estado de Bienestar es el sistema de pensiones, del que tanto se oye hablar últimamente tras la reforma del Gobierno español que está ahora en proceso de debate en el Pacto de Toledo, donde Ignacio Zubiri comparecerá para exponer su análisis y manifestar su postura en contra del factor de sostenibilidad. «Es una regla para bajar automáticamente las pensiones. Se metió de tapadillo y es lo que va a generar la gran bajada de las pensiones», advierte.
Explica que el problema del sistema de pensiones es que se ha perdido el 17% de los empleos y el 10% de las cotizaciones desde 2007. Ante ello, el Gobierno español ha optado por congelar pensiones «incumpliendo sus promesas» y utilizar el fondo de reserva de la Seguridad Social que tenía como fin pagar las pensiones de un futuro. Revela que el año pasado ya se gastó un 10% de ese fondo y prevé que en el futuro inmediato se va a seguir gastando.
Por otra parte, incide en que, aunque en principio las pensiones parece que sean responsabilidad del Estado, no es menos cierto que hay una parte -las pensiones mínimas, no contributivas y complementos a mínimos- que se pagan con impuestos y esto se paga a través del cupo.
En su rechazo al factor de sostenibilidad que el Ejecutivo ha definido ante el déficit del sistema de pensiones a corto plazo, remarca que el problema de la insostenibilidad del Estado de Bienestar no es que el sistema de pensiones es caro, sino cómo se financia. «No podemos esperar a que la recaudación por cotizaciones aumente», apunta, y añade que para ello el Estado español debería crear 16 millones de empleos en los próximos 30 años, un hecho que cree imposible. En su opinión, si se confía en que las pensiones se paguen con cotizaciones, «como siguen los del Pacto de Toledo», la caída que éstas soportarán rondará el 45%.
Sobre la viabilidad de un sistema vasco de pensiones, afirma que no es viable y que estaría «muchos menos saneado». Apunta que el sistema vasco «es deficitario por lo menos desde 2005». Sostiene por ello que «si el País Vasco tuviera un sistema de pensiones propio tendría muchos más problemas financieros que si siguiera integrado en el conjunto del Estado».
Tras criticar el factor establecido por los expertos -de los que subraya que provienen del mundo de los bancos y los seguros-, porque además de reducir las pensiones busca la contratación de planes de pensiones, apunta que «hay que cambiar de enfoque». Dice que sí a una reforma de las pensiones, pero por la vía del ingreso y con el compromiso del Estado de pagar su déficit.
