El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia ha ordenado retirar de las fachadas de los ayuntamientos guipuzcoanos de Alegia, Astigarraga, Oiartzun y Urretxu unos carteles que reclaman el regreso de los presos a Euskal Herria. En todos los casos, argumenta que la colocación de los mismos «compromete la neutralidad política» y afirma que con ello las entidades locales se ponen «al servicio» de determinadas demandas ciudadanas.

La Administración del Estado, a través de la Delegación del Gobierno español, interpuso en los cuatro casos recursos contencioso-administrativos. Madrid parece haber decidido explotar esta vía para hacer recaer estos vetos en los juzgados de las capitales vascas y no en la Audiencia Nacional. Hace una semana otra instancia contencioso-administrativa de Donostia fue la que prohibió una kalejira por los presos en Arrasate.

En sus recursos, la Administración del Estado alegó que la colocación de los carteles -en los que se lee simplemente ``Euskal presoak Euskal Herrira'', demanda legal y aprobada por el propio Parlamento de Gasteiz- infringía la norma vigente al hacer «uso inadecuado» del edificio del Ayuntamiento. Aludía también a la «vulneración del principio de neutralidad política y objetividad» y no faltaba la mención a la «dignidad de las víctimas del terrorismo».

Alegaciones

Frente a ello, el Ayuntamiento de Alegia explica que el cartel se exhibe hace años «sin problema alguno» y que no supone condicionamiento alguno a la labor municipal. Astigarraga alega que la Administración estatal atribuye al cartel un significado que no se corresponde con el que le da la sociedad vasca. Oiartzun y Urretxu añadían otros argumentos. Y se recordaba además que se trata de una reivindicación que tiene que ver con derechos y está sustentada por la mayoría social.

Nada de ello ha impedido que el Juzgado de Donostia ordene la retirada de los carteles y dé por bueno el argumentario de la Delegación del Gobierno que lidera Carlos Urquijo.