En declaraciones a Radio Euskadi, el presidente del GBB del PNV y parlamentario, Joseba Egibar, se refirió al anuncio realizado por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, acerca del dictamen previsto para el 17 de julio para la devolución de las bonificaciones al sector naval, recordando que el pasado jueves se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz una propuesta de resolución en la que se pedía no poner el riesgo el sector de los astilleros.

«Hay una persona, que es el comisario Almunia, que tiene la capacidad de retirar la propuesta de resolución sobre la devolución. Tiene un ámbito de poder y sabe exactamente lo que sucede», señaló Egibar. Además, advirtió que «la propia Europa sabe que tiene un gran competidor en este sector como es el mundo asiático».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Juanjo Agirrezabala lamentó que existan «distintas varas de medir», ya que en el caso del Estado francés se produjo una condena, pero no se devolvieron las ayudas concedidas. «También hemos conocido el rescate de la Unión Europea en la banca y eso es legal y no hay que devolver nada», indicó, para añadir que en el fondo son los lobbys los que mandan en Europa y el comisario Joaquín Almunia «se ha plegado a ellos». «Se han primado determinados intereses sobre los de los trabajadores. No se puede permitir porque estamos hablando de entre 3.000 y 6.000 personas entre puestos directos e indirectos» en Euskal Herria, recordó, para pedir además más implicación del Gobierno de Gasteiz, así como la dimisión del comisario de la Competencia y del ministro español de Industria.

PSE y PP

Entretanto, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, manifestó que Almunia cree que «debe defender esa posición para defender a la Unión Europea», pero «nosotros consideramos que lo que hay que hacer es totalmente diferente». A su juicio, se está ante un problema de reglas porque desde hace años la UE funciona con muchas fiscalidades y no con una común, por lo que «siempre se pueden producir interpretaciones y agravios y esto es lo que ha ocurrido».

Por su lado, la parlamentaria del Partido Popular Nerea Llanos declaró que las ayudas no eran ilegales y subrayó que desde su formación y desde el Gobierno español se está «trabajando en Bruselas para que la resolución no sea desfavorable a los intereses españoles».