interrogatorios a personas incomunicadas
Seguridad niega al Parlamento reglas sobre grabaciones que están en la Red
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha negado al Parlamento de Gasteiz protocolos policiales sobre la detención incomunicada por calificarlos de «confidenciales». Y ha invitado a Julen Arzuaga a leerlos en dependencias de la Consejería, sin poder sacar copia de ellos. Lo llamativo es que los documentos de los que EH Bildu quería tener constancia oficial pueden verse en Internet. El de grabaciones lo envió Ares a la Cámara a petición del PNV.
Iñaki IRIONDO |
A raíz del arresto de Urtza Alkorta por parte de la Ertzaintza en el puente de Ondarroa para cumplir la mitad de la pena que le resta, EH Bildu está tratando de recabar del Departamento de Seguridad información con relación a la detención que dio lugar a la condena y en la que la joven denunció malos tratos. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha negado el envío al Parlamento de protocolos a los que puede accederse a través de Internet.
Junto a una iniciativa parlamentaria en la que preguntaba sobre la destrucción de las grabaciones de los detenidos en la redada de finales de enero y primeros de febrero de 2010, EH Bildu pidió al Departamento de Seguridad los protocolos a los que hacía referencia un informe del Ararteko sobre aquellas detenciones.
Para tener nueva constancia oficial de ellos, el parlamentario Julen Arzuaga solicitó, concretamente, información sobre el «Protocolo para la coordinación de actuaciones de la Ertzaintza, Osakidetza y el Instituto Vasco de Medicina Legal para la asistencia de personas detenidas en régimen de incomunicación», sobre el «Servicio de atención a los familiares» de los arrestados y también sobre el «Sistema de grabación de las personas detenidas».
«Confidencial»
El Departamento de Seguridad se ha negado a enviar toda esta documentación al Parlamento. Beltrán de Heredia arguye que «la instrucción policial» sobre el «sistema de grabación de las personas detenidas en régimen de incomunicación» está «calificada como `confidencial', por lo que requiere una protección en cuanto a su disponibilidad, no pudiendo ser difundida fuera de la organización policial».
No obstante y en «aras de intentar conjugar los valores en juego con el derecho que le asiste como parlamentario», la consejera ofrece al representante de EH Bildu que vea la documentación en las dependencias del Departamento de Seguridad «sin necesidad de extraer una copia de la misma».
Julen Arzuaga acudirá mañana a la Consejería para ver los documentos y tener constancia oficial de ellos.
Protocolos conocidos
La respuesta de la Consejera de Seguridad resulta chocante, puesto que basta indagar un poco en Internet para encontrar los protocolos en cuestión.
Por ejemplo, el relativo a la coordinación con Osakidetza y los médicos forenses y el de información a los familiares es el ya famoso protocolo auspiciado por Javier Balza y Joseba Azkarraga en 2003, y puede accederse a él en la página gubernamental de Justizia.net.
Pero más llamativo aún resulta que Beltrán de Heredia se niegue ahora a enviar al Parlamento el protocolo sobre videograbación que su antecesor, Rodolfo Ares, ya remitió a la Cámara en la pasada legislatura a petición del parlamentario del PNV Iñigo Iturrate. Para más inri, la solicitud de Iturrate se basó en el mismo informe del Ararteko, de 15 de junio de 2010, al que hacía referencia en su petición de información Julen Arzuaga.
Debe destacarse también que, en una reciente respuesta parlamentaria, la consejera aseguró que en el mencionado protocolo se recogía que las grabaciones de los interrogatorios se garantiza «durante tres meses» cuando, en realidad, el documento oficial habla de «al menos, tres meses». Ese «al menos» reproducido literalmente podría tener importancia en análisis futuros.
El Departamento de Seguridad ha respondido a UPyD que la detención de Urtza Alkorta tuvo un coste de 998 horas extras de ertzainas. Cabe recordar que la AN pidió la detención a la Policía española y la Guardia Civil. La Ertzaintza se sumó por teléfono.
La consejera de Seguridad del Gobierno de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, afirmó en una respuesta parlamentaria -de la que GARA informó el pasado sábado- que la Ertzaintza destruyó grabaciones de interrogatorios a varios detenidos en 2010, entre ellos los de Urtza Alkorta, pese a haber denuncias públicas de malos tratos y hasta una querella de Interior por ello en el plazo de «al menos tres meses» que fijan los protocolos policiales.
En opinión del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, autor de la pregunta, «resulta evidente que la Ertzaintza no cumplió el protocolo de la forma debida y el hecho de ejecutar la destrucción de los vídeos tras conocer las denuncias de malos tratos solo tiene una posible explicación: que Interior deseaba ocultar lo que reflejaba la grabación porque no era modélico y podía ser perjudicial para sus intereses políticos».
Dadas las contradicciones en la respuesta de la consejera de Seguridad, Arzuaga tiene previsto solicitarle más explicaciones. También ha pedido información sobre la «instrucción 53 de autoprotección» y sobre actuación y material «antidisturbios». I.I.
