Las explicaciones de la consejera de Seguridad de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, sobre la supuesta destrucción de las grabaciones que debían haber registrado la estancia de Urtza Alkorta y otros detenidos en dependencias de la Ertzaintza no aclararon nada, sino que sembraron más dudas. La negativa de la consejera a facilitar al Parlamento los protocolos policiales sobre la incomunicación de detenidos, en cambio, resulta cuando menos ridícula. Asegura la consejera que esos protocolos son confidenciales y no pueden salir del ámbito de la organización policial, algo que no parece compatible con el hecho de que se puedan hallar en internet o que el correspondiente a la grabación de personas detenidas fuera remitido al Parlamento por el entonces titular de Interior, Rodolfo Ares, en la pasada legislatura a petición del PNV. Una actitud ridícula, sin duda, pero también representativa de una tradición oscurantista de los departamentos de Interior y vigente en el actual Departamento de Seguridad. Una actitud que demuestra, por si había dudas, que para cambiar algo, también el modelo policial, se precisa algo más que el mero cambio de nombre del Departamento.